San Salvador. — La Fiscalía General de la República de El Salvador acusó formalmente el lunes al expresidente Alfredo Cristiani y un grupo de militares por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras perpetrada por un comando de élite del ejército en 1989.
Los otros imputados son militares en condición de retiro que en el momento de la matanza ocupaban altos mandos de la fuerza armada: el general Juan Rafael Bustillo, el general Juan Orlando Zepeda, el general Rafael Humberto Larios, el general Inocente Orlando Montano, el mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, el coronel Nelson Iván López y el coronel Oscar Alberto León Linares.
Están acusados de los delitos de homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo.
La imputación también incluye al abogado Rodolfo Parker, señalado de manipular declaraciones que se dieron al tribunal de honor de la fuerza armada. Le imputan los delitos de fraude procesal y encubrimiento.
Presentes en la reunión
Uno de los fiscales del caso dijo a los periodistas que el “presidente Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó y autorizó su ejecución” de los jesuitas.
“Debemos considerar que no es sólo un testigo. (El general René) Emilio Ponce, que ya falleció, refiere que estuvo el presidente Cristiani; tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar”, agregó.
Ponce era el jefe del Estado Mayor general de las fuerzas armadas cuando se perpetró la matanza.
La Fiscalía dice que, previo a los hechos del 16 de noviembre de 1989, cuando el comando del batallón Atlacatl ingreso al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a los jesuitas y sus dos empleadas, el padre Ignacio Ellacuría, una de las víctimas, sostuvo varias llamadas telefónicas con Cristiani, quien le habría manifestado que “no debía preocuparse por el registro que se ejecutan en la UCA”.
