Recién cumplidos cuatro años en el poder en El Salvador, Nayib Bukele ha recibido un respaldo a su gestión de más del 90% por parte de los ciudadanos. Esto nos lleva a preguntarnos por el nivel de hastío de los salvadoreños ante los altos niveles de delincuencia del país.
Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, que ha devuelto la seguridad a las calles, aunque, por otra parte, su cruzada antipandillas encendió las alarmas entre los defensores de los derechos humanos y aunque algunos analistas advierten que parece gobernar sin contrapeso de otros poderes del Estado.
Según La República, las pandillas mantenían el control de 80% del territorio del país, según el gobierno, y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.
Para combatirlas, rige desde hace 14 meses un régimen de excepción que permite a la policía y el ejército hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue aprobada por el Congreso a pedido de Nayib Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas.
Las autoridades han ido liberando barrios y recuperando miles de casas usurpadas por pandilleros. Los homicidios cayeron en 2022 a una cuarta parte de la cifra de 2019, según datos oficiales.
Hasta ahora han sido detenidos casi 69,000 presuntos pandilleros, de los cuales unos 5,000 han sido liberados, según el gobierno.
Para encerrar a los pandilleros, Nayib Bukele construyó una megacárcel para 40,000 presos, la prisión “más grande de América”, con un severo régimen de reclusión.
Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Mientras, en el lado de sus medidas más polémicas, la adopción del bitcóin como moneda de curso legal. En septiembre de 2021, El Salvador fue el primer país en adoptar el bitcóin, junto con el dólar, que circula desde 2001. Pero la cotización de la criptomoneda se desplomó y ha tenido poca aceptación en el país.
La adopción del bitcóin “ha sido la medida más impopular y que menos respaldo social ha tenido”, afirma Serrano, encargado de estudios de opinión pública de la UCA.
Fuente: Hispanidad
