EE.UU.- El secretario de Estado de EE.UU., informó que Washington sancionó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila.
También fueron sancionados cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, entre ellos: Elsy Dueñas De Avilés, Oscar Alberto López Jerez.
Asimismo, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña.
Estos funcionarios centroamericanos fueron sancionados por «socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción«.
De acuerdo con el comunicado de Antony Blinken, publicado por el Departamento de Estado.
Estos funcionarios fueron penalizados bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los EE.UU., conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos.
Promulgada el 27 de diciembre de 2020.
La designación implica que las personas sancionadas pierden automáticamente su visa estadounidense por al menos tres años y quedan abiertas a que otras instancias del Gobierno amplíen las sanciones.
Caso Guatemala
Según el comunicado de Blinken, en el caso de Guatemala, Porras fue señalada de obstruir «las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales».
Además, señala que su patrón incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público «que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas».
Asimismo, reprochan a Porras el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción.
Del mismo modo, sobre Pineda señalan que interfirió en las investigaciones anticorrupción, al alertar a los objetivos de las pesquisas sobre los casos que se estaban construyendo en su contra.
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Caso El Salvador
En relación a El Salvador, los cinco magistrados sancionados pertenecen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Ungidos para el cargo en mayo, tras la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyera a los funcionarios anteriores de esa instancia, en su primer día de sesiones.
Mientras tanto, el comunicado de Blinken dice que estos cinco magistrados «socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Cámara por parte de la Asamblea Legislativa.
Durante un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña».
Asimismo, indica que los cinco magistrados anteriores «fueron destituidos abruptamente sin causa legítima».
También señalan que los nuevos magistrados socavaron los procesos democráticos al aprobar, a principios de septiembre.
«Una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente», a pesar de una prohibición expresa en la carta magna que prohíbe mandatos consecutivos de la Presidencia.
