Washington, EE.UU. – El Departamento de Educación de Estados Unidos revocó una norma establecida durante la administración de Bill Clinton que permitía a los inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos destinados a programas de educación técnica, profesional y para adultos. Este anuncio, realizado el jueves 10 de julio, marca un cambio significativo en la política educativa y migratoria del país.
El Fin de una Normativa de la Era Clinton
La regla, vigente desde 1997, ha sido declarada por el Gobierno de Donald Trump como una violación de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA). Según la administración actual, esta normativa permitía erróneamente el uso de recursos federales para financiar programas educativos dirigidos a personas en situación migratoria irregular.
Una carta de 1997, conocida como ‘Dear Colleague’, había “erróneamente” eximido a los programas de educación para adultos. Carta emitida por la Administración Clinton, para programas técnicos y profesional. El Departamento de Educación indicó que esta interpretación tergiversó la ley al crear distinciones artificiales que el Congreso no hizo en la PRWORA.
Priorizando al Contribuyente de Estados Unidos
La secretaria de Educación de EE.UU., Linda McMahon, declaró que los programas de educación pos-secundaria financiados por el gobierno federal deben beneficiar a ciudadanos estadounidenses, no a indocumentados. Ella enfatizó que, bajo el liderazgo del presidente Trump, los trabajadores estadounidenses que pagan impuestos no financiarán inmigrantes irregulares. Especificamente la participación de estos en programas o actividades de educación técnica, profesional o para adultos. La secretaria aseguró que el Departamento se encargará de que los fondos de los contribuyentes de EE. UU. se reserven para “ciudadanos y personas que hayan ingresado legalmente a nuestro país y que cumplan con los criterios de elegibilidad federales”. La PRWORA limita el uso de beneficios públicos federales mayoritariamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
Acciones Adicionales del Gobierno
Esta nueva interpretación comenzará a aplicarse a partir de agosto. Aunque la agencia federal no planea tomar acciones de cumplimiento contra ningún beneficiario o sub-beneficiario bajo la PRWORA antes del 9 de agosto. La norma también asegura que los programas de educación pos-secundaria autorizados bajo la Ley de Educación Superior (HEA), como las becas Pell y los préstamos estudiantiles, continúen siendo inaccesibles para inmigrantes irregulares.
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En los últimos meses, la administración Trump ha intensificado la presión sobre los estados que otorgan beneficios especiales a inmigrantes indocumentados en materia educativa. Esto incluye emprender acciones legales contra aquellos estados que permiten a estas personas acceder a matrículas universitarias con precios reducidos.
Además, el pasado 30 de junio, Estados Unidos anunció la revocación de casi 7.000 millones de dólares en subvenciones federales que se destinaban en parte a la enseñanza de inglés como segunda lengua, argumentando que esos fondos se usaban para impulsar “una agenda radical de izquierda” y, en algunos casos, beneficiar a inmigrantes indocumentados.
