En uno de los viajes, un menor de edad falleció en la arriesgada travesía. El dominicano podría enfrentar cadena perpetua.
Washington, EE.UU.-Un dominicano se declaró culpable por su participación en una conspiración mortal de tráfico de personas en Puerto Rico. Así lo informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Alcibades de Paz, de 34 años, se declaró culpable de un cargo por traer a ciertos extranjeros a los Estados Unidos, lo que causó la muerte de una persona.
Según documentos judiciales, el acusado fue identificado como uno de los capitanes de una embarcación que transportaba ilegalmente a personas, incluido un niño de tres años, en viajes en yola desde la República Dominicana a Puerto Rico.
El acusado admitió haber manejado la embarcación durante la operación de tráfico de personas. Mientras, los co-conspiradores eludían a la policía puertorriqueña que intentaba interceptar la embarcación de manera segura. La embarcación dejó de funcionar. Y de Paz admitió que ayudó a encender el motor y a acelerar el motor de la embarcación hacia la costa puertorriqueña.
La embarcación se volcó al llegar a la orilla, lo que provocó la muerte del niño.
«Al intentar contrabandear migrantes por barco a los Estados Unidos, Alcibades de Paz intentó evadir a las fuerzas del orden y aceleró hacia la playa, una decisión que resultó en la muerte de un niño de tres años después de que la embarcación volcara», dijo la subsecretaria principal adjunta de Justicia y jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, Nicole M. Argentieri.
«Esta tragedia demuestra el desprecio total por la vida humana por parte de los traficantes de personas. La División Criminal está comprometida con combatir a los traficantes de personas que se aprovechan de los migrantes vulnerables», dijo Argentieri.
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Se programará una audiencia de sentencia en una fecha posterior. De Paz enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Un juez del tribunal del distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los EE. UU. y otros factores legales.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Puerto Rico investigó este caso, con la asistencia de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Departamento de Policía de Puerto Rico (PRPD) y la Patrulla Fronteriza de los EE. UU., sector Ramey.
Además, por Marie Zisa, abogada del juicio en la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal, y Emelina M. Agrait-Barreto, asistente del fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, están procesando el caso.
Asimismo, se dijo que la investigación se está llevando a cabo bajo el programa Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT), una asociación conjunta entre la División Criminal del Departamento de Justicia y HSI.
El programa ECT se centra en las redes de tráfico de personas que pueden presentar riesgos particulares para la seguridad nacional o pública o plantear graves preocupaciones humanitarias. ECT tiene recursos dedicados para investigación, inteligencia y enjuiciamiento. ECT coordina y recibe asistencia de otras agencias gubernamentales de los EE. UU. y autoridades policiales extranjeras.
