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Conflicto mapuche en Chile: Gabriel Boric envía militares al sur y choca con sus aliados comunistas

Conflicto mapuche en Chile: Gabriel Boric envía militares al sur y choca con sus aliados comunistas
Conflicto mapuche en Chile: Gabriel Boric envía militares al sur y choca con sus aliados comunistas

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques”. Así, escoltada por los presidentes de partidos de gobierno y otros ministros, la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, dio a conocer la decisión final del gobierno de desplegar a las fuerzas armadas en la Macrozona Sur del país, epicentro del conflicto mapuche.

Fue un camino largo. Tal como anticipó Clarín, la idea de Gabriel Boric de decretar un Estado Intermedio que evitase aplicar el Estado de Excepción que tanto se le criticó a su predecesor, Sebastián Piñera; no logró concitar el apoyo de los partidos de gobierno, particularmente del Partido Comunista.

Este sector se opuso a cualquier alternativa que implicase volver a desplegar a militares en la zona de conflicto.

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El lunes, la suspensión del comité político con el Palacio de La Moneda dio los primeros indicios de que las relaciones al interior del pacto oficialista estaban complejas.

La cita fue re-agendada para la tarde y el gobierno llegó con una decisión tomada: ante la imposibilidad de avanzar en una solución alternativa; decretaría el Estado de Excepción Constitucional.

Los comunistas, resignados ante la decisión presidencial, solicitaron a Boric y su ministra del Interior que el despliegue de las Fuerzas Armadas se circunscribiera a las rutas y caminos de la zona; y no a todo el territorio. La solicitud fue acogida y la medida fue informada a la opinión pública como un Estado de Excepción “acotado”.

Decisión difícil

No fue una desicion  para el presidente chileno. Cuando asumió su gobierno, el pasado 11 de marzo, comunicó su decisión de no renovar el decreto que mantenía militarizada la zona; después de que su predecesor decidiera desplegar al ejército cuatro meses antes.

«No vamos a extender el estado de excepción en el Wallmapu. Asumiendo el mando no hay posibilidad de extender el estado de excepción en el sur», expresó en esa oportunidad la nueva ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Sin embargo, como reconocen en La Moneda, la evidencia del aumento sistemático de los ataques incendiarios y atentados públicos hizo inevitable la decisión.

El diálogo no avanzó con la velocidad esperada y los grupos armados que reivindican la lucha del pueblo mapuche en la zona han decidido elevar amenazas y escalar el conflicto.

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que se ha atribuido los últimos atentados terroristas en la zona; instó el jueves pasado “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Con todos los antecedentes en la mesa, y amarrados por el compromiso con el gremio de los camioneros para tomar acciones en las rutas de la zona; al gobierno no le quedó más que utilizar la única herramienta que la constitución actual establece para el despliegue militar: el estado de excepción.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas; decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y del Biobío; y en la Región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas; el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios”, expresó la noche del lunes la ministra Siches.

El decreto oficial ya fue redactado por el gobierno y Clarín tuvo acceso al texto. En el oficio se establece el nombramiento de los Jefes de Defensa Nacional designados por el Mandatario; el contralmirante Jorge Parga en Arauco y Biobío y el general de brigada Edward Slater en La Araucanía, quienes tendrán la misión de «asumir el mando de las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública» en esas zonas.

Adicionalmente, se demarca el objetivo de la militarización de la zona. «Velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado; debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, en especial las de los Delegados Presidenciales Regionales respectivos».

Con todo, el decreto también permitiría aumentar la presencia del ejército más allá de las carreteras de ser necesario; pues deja abierta la puerta a «dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública. También centros mineros, industriales y otros”.

Además, permitiría generar «todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los DD.HH. y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)».

Más contenido por Redacción CDN

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