La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) ha emitido un comunicado denunciando la reciente reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Según la organización, esta reforma, aprobada sin consulta ciudadana ni referéndum habilitante, representa una violación flagrante al Estado de derecho y consolida un modelo de poder absoluto en una Presidencia bicéfala, encabezada por la pareja presidencial.
La nueva Carta Magna, calificada por la CDN como «ilegal e inconstitucional», no solo elimina el modelo republicano y democrático, sino que también concentra todos los poderes en manos de la familia Ortega Murillo. La Organización de Estados Americanos (OEA) previamente había señalado como ilegítimo el proceso electoral que dio origen tanto al Ejecutivo como al Legislativo que aprobaron esta reforma.
Una reforma constitucional para perpetuar el poder
La CDN sostiene que esta reforma, disfrazada de parcial, en realidad implica cambios totales tanto en forma como en fondo. Entre las modificaciones más preocupantes destacan la subordinación de los poderes del Estado a la Presidencia, el fortalecimiento del control de las fuerzas armadas y la consolidación de un modelo represivo que, según denuncian, viola sistemáticamente los derechos humanos.
«Con esta nueva Constitución, los Ortega Murillo buscan legitimar su mandato, aumentar sus facultades y perpetuar su dinastía», afirmó la Concertación en su comunicado. Además, señalaron que estas acciones convierten a Nicaragua en un «Estado forajido», en constante violación del derecho internacional y de los compromisos democráticos adquiridos en tratados y convenios.
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Un llamado a la resistencia y a la comunidad internacional
En respuesta a esta situación, la CDN hizo un llamado a la resistencia interna y externa. La organización se comprometió a continuar luchando junto a los nicaragüenses para debilitar los pilares de la dictadura y abrir paso a una transición democrática. También destacaron la necesidad de un proceso que permita al pueblo nicaragüense redactar una Constitución legítima y democrática.
La Concertación enfatizó la importancia de convocar elecciones libres y transparentes con observación internacional. Propusieron que estas elecciones sirvan como base para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, que, mediante consulta ciudadana, redacte una nueva Constitución y someta su aprobación a un referéndum.
Sanciones internacionales: una medida urgente, antes de la reforma constitucional
El comunicado también instó a la comunidad internacional a intensificar las sanciones contra el régimen de Ortega. Según la CDN, estas deben ser efectivas para paralizar las operaciones del gobierno y congelar las fuentes de financiamiento ilícitas que sostienen al régimen.
«La presión internacional es clave para romper la impunidad de los Ortega Murillo y garantizar el acceso de las víctimas a mecanismos de justicia internacional», subrayó la Concertación.
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Justicia internacional para Nicaragua
Además, el organismo llamó a los países comprometidos con la justicia internacional a investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega y Murillo. Resaltaron la urgencia de aplicar medidas que aseguren que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes y que las víctimas tengan acceso a los mecanismos de justicia previstos por el derecho internacional.
La Concertación Democrática concluyó reafirmando su compromiso con el pueblo nicaragüense para lograr una Constitución que refleje verdaderamente los intereses y derechos de la ciudadanía. «El pueblo de Nicaragua tiene el derecho de decidir su destino político y social», aseguró el organismo.
