Naciones Unidas expresó el viernes su preocupación por la situación de «violencia persistente» que viven los defensores de derechos humanos en Colombia, donde 52 han sido asesinados entre enero y noviembre de 2016, según un comunicado del organismo.
Organizaciones sociales llevan meses alertando el aumento de los ataques a líderes sociales y comunitarios e incluso han insistido en un aumento de los asesinatos desde la primera firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el 26 de septiembre.
Además del medio centenar de asesinatos, otros 35 defensores fueron víctimas de atentados, según la ONU. En todo 2015, el organismo registró 41 homicidios.
El 75% de estos ataques fue registrado en zonas rurales y presentan cada vez mayor sofisticación, agregó.
También las FARC han hecho un reclamo constante para que se garantice la vida de estos activistas en esas áreas donde sus 8.000 miembros se desmovilizarán una vez dejen las armas, en unos seis meses. El próximo lunes 5 de diciembre, tras la aprobación esta semana de un acuerdo definitivo, los rebeldes empezarán a congregarse en zonas supervisadas por Naciones Unidas para dejar los fusiles y reintegrarse a la vida civil.
Desde el 26 de septiembre, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en zonas de influencia de las FARC -en los departamentos del Meta, Caquetá y Nariño-, aunque los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.
La ONU destaca que al empezar a desplazarse para acabar concentrados en una veintena de zonas de desarme, las FARC han abandonado lugares sin presencia del Estado donde los mismos rebeldes imponían una suerte de «orden«.
El organismo internacional constató que existe «estigmatización» contra los defensores en lugares donde el empleo de la fuerza es una herramienta «regular» para solucionar conflictos entre la población y que, además, en zonas donde hay cultivos ilícitos.
La falta de presencia institucional afecta a zonas de 22 departamentos del país, lo que genera una violencia sobre toda la población civil, según alertó la ONU.
