SANTIAGO, CHILE (AP)- El presidente chileno Gabriel Boric firmó el viernes un proyecto de ley para la adhesión de Chile al acuerdo regional de Escazú, que establece derechos ciudadanos ambientales y promueve la protección de los defensores del medio ambiente.
Boric anunció que el de Escazú será el primer proyecto que su gobierno enviará para su aprobación al Congreso. Invitó a tramitarlo “con rapidez porque la vida no puede esperar”, señaló en alusión a las decenas de ambientalistas asesinados en la región.
La adhesión de Chile al acuerdo fue uno de los compromisos de campaña de Boric, que concretó una semana después de asumir la presidencia. Y a 18 meses desde que su antecesor, Sebastián Piñera, rechazó firmarlo.
La firma se realizó en una ceremonia en la sede de gobierno. En la actividad estuvo presente, entre otros ministros, el canciller Antonio Urrejola. Este destacó que el acuerdo de Escazú “es el único tratado en el mundo que además se refiere a los defensores ambientales”.
Además, señaló que «diversos estudios ubican hoy a nuestro continente como la región del mundo que representa el mayor riesgo para los defensores ambientales». Se refería a las dramáticas quienes sufren dramáticas situaciones de ataques, amenazas, intimidaciones y asesinatos”. Añadió según la organización no gubernamental Global Witness, en 2020 hubo 227 defensores ambientales asesinados y que gran parte “son de esta parte del mundo”.
Acuerdo de Escazú
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es un instrumento multilateral inédito en la región y promueve el libre acceso a la información, participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en estos temas. Además, protege los derechos humanos de los defensores del medioambiente.
El tratado medioambiental regional es conocido como Acuerdo de Escazú porque fue adoptado en la ciudad costarricense del mismo nombre.
Para que la adhesión chilena entre en vigor primero debe ser ratificada por el Congreso y luego depositada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El tratado está vigente desde el 22 de abril de 2021.
Chile y Costa Rica estuvieron entre los impulsores del acuerdo medioambiental, pero Piñera postergó suscribirlo en 2018 y dos años después rechazó definitivamente ratificarlo porque, alegó, el acuerdo abordaba en forma ambigua materias importantes y exponía al país sudamericano a demandas internacionales.
