El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura a la reelección para los comicios del 4 de febrero, una instancia en la que se supone renovará su mandato gracias a la popularidad que tiene entre los ciudadanos por su ofensiva contra las pandillas, la cual también le ha valido críticas de organismos humanitarios por la metodología con la que la ha llevado a cabo. Bajo fuertes medidas de seguridad, Bukele, junto con su compañero de fórmula, el vicepresidente Félix Ulloa, acudió anoche al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el oeste de San Salvador, donde decenas de seguidores coreaban «¡Nayib!» y «¡Reelección!», informó la agencia de noticias AFP.
Su partido Nuevas Ideas (NI) difundió en redes sociales fotos en la que se lo ve reunido con los magistrados.
El presidente milenial, como se lo conoce por su manejo de las redes sociales para comunicarse con sus seguidores, es el más popular de América Latina con el respaldo del 90% de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio por la ONG Latinobarómetro 2023.
Ese abrumador apoyo radica en su plan de seguridad que apaciguó a comunidades aterrorizadas por las pandillas. Pero a costa, según grupos defensores de los derechos humanos, de la suspensión de las garantías constitucionales, un régimen que rige desde marzo de 2022.
Popularidad inconstitucional
Su popularidad hace ver, por ahora, que no tendrá rival. Según un sondeo de la Universidad Francisco Gavidia, Bukele tenía en agosto 68,4% de intención de voto, lejos del 4,3% del candidato de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del 2,8% del izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN).
En un país donde estuvo prohibida la reelección hasta la llegada de Bukele al poder, opositores, abogados y analistas consideran que su postulación es inconstitucional, habilitada por magistrados que nombró un Congreso que domina.
Asimismo, presentaron horas después de que dos abogados expusieran ante el TSE una solicitud de no inscripción de la candidatura de Bukele argumentando que «es claramente inconstitucional» debido a que varios artículos de la Constitución prohíben la reelección presidencial.
La petición la presentaron a pesar de que el Tribunal Constitucional determinó en 2021 que el presidente puede «optar a la reelección toda vez no ejerciera el cargo seis meses antes de concluir su mandato», que concluye el 1 de junio de 2024.
Renuncia de Bukele
La decisión del Tribunal Constitucional abre la puerta a la posibilidad de que Bukele renuncie a su cargo seis meses antes de concluir su mandato, es decir, el 30 de noviembre, para poder presentarse a las elecciones.
Christian Guevara, jefe de la bancada parlamentaria de Nuevas Ideas, explicó en julio que el presidente «va a renunciar en diciembre» y nombrar «a un designado presidencial«. «Esta persona va a terminar sus seis meses de mandato que le restan de los cinco años que establece el periodo electoral«, zanjó.
Bukele llegó a la presidencia en 2019 rompiendo con 30 años de bipartidismo de izquierda y derecha, cuando El Salvador figuraba como uno de los países más violentos de América Latina.
Tras un fin de semana que registró 87 asesinatos atribuidos a las pandillas, Bukele impuso el régimen de excepción bajo el que ha habido unos 73.000 detenidos, y este año inauguró una cárcel para más de 40.000 reos, considerada la más grande del continente.
Ciudades y barrios acorralados por las pandillas, que viven de la extorsión, la venta de droga y el sicariato, estas cercadas por miles de policías y militares.
Grupos de derechos humanos critican que el régimen de excepción permite juicios colectivos y arrestos sin orden judicial. Unos 7.000 inocentes ya debieron liberarlalos, según datos oficiales.
Pero Bukele hace caso omiso a esos reparos, afirma que El Salvador está «por primera vez en paz» y señala que hubiera sido «imposible» librar la «guerra contra las pandillas» sin el poder legislativo que trajo «gobernabilidad«.
