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Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes sobre un «aumento drástico» de las detenciones cometidas de «forma sistemática» en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en las que el ente comicial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, y dijo ver en estos casos «elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada».
«Así lo demuestra el alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales puestos al servicio de esta práctica», indicó AI en su informe ‘Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela’, en el que se analizaron 15 casos de detenciones desde julio de 2024.
Entre las víctimas, prosiguió, hay ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
La organización señaló que la implicación de «figuras del más alto nivel del Estado en la identificación y estigmatización pública de las víctimas, así como la subordinación del aparato de justicia a la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro, constituyen elementos fundamentales que permiten -subrayó- acreditar su carácter sistemático».
«La desaparición forzada de corta duración -añadió el documento- habría sido no solo sistemática sino también generalizada. Debido al alto número de personas reportadas como víctimas por mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. El hecho de que los casos se produjeron en un amplio rango geográfico y por distintos cuerpos de seguridad a nivel nacional».
Consideración de Amnístia Internacional
Amnistía Internacional considera que estos «crímenes realizados por el Estado coinciden con los elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada». Por lo que recomienda que se investiguen conforme a los estándares de la Convención Internacional. Estoa para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Igualmente, indicó que se deben deslindar las responsabilidades en estos «crímenes» hasta el «máximo nivel en el aparato del Estado». «Esto incluiría no solo a las altas figuras del Gobierno, sino también a aquellos funcionarios del sistema de justicia que, por acción u omisión, han facilitado, encubierto o legitimado la ejecución de esta política represiva», apostilló.
AI sostuvo que las «estrategias» del Gobierno de Maduro para «reprimir» las manifestaciones en contra del resultado oficial de las presidenciales «siguieron un patrón recurrente».
Con información de: EFE
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