Santo Domingo. Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de Haití y El Salvador garantizar el respeto de los derechos humanos durante las operaciones militares salvadoreñas en territorio haitiano, destinadas a combatir a las bandas armadas que mantienen al país sumido en una profunda crisis de seguridad.
El marco del despliegue salvadoreño
La organización instó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, a hacer público el acuerdo bilateral que autoriza el despliegue de tropas y establecer mecanismos efectivos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
Amnistía pide transparencia sobre el despliegue de tropas
Reglas para las operaciones militares
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advirtió que las operaciones contra las organizaciones criminales deben desarrollarse conforme al derecho internacional y sin poner en peligro a la población civil.
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos», expresó Piquer en un comunicado publicado por la organización el 9 de noviembre.
Canales de denuncia y rendición de cuentas
La entidad también solicitó que ambos gobiernos expliquen las normas que regulan el uso de la fuerza, cómo supervisan a los militares desplegados y ante qué autoridades deben responder. Asimismo, reclamó establecer canales seguros para que los ciudadanos puedan denunciar posibles abusos sin temor a represalias.
Efectivos fuera de la supervisión de la ONU
La preocupación de Amnistía Internacional aumentó luego de que el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aclarara que la gran mayoría de los militares salvadoreños enviados recientemente a Haití no pertenece a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
En consecuencia, esos efectivos se encuentran fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), lo que plantea interrogantes adicionales sobre la supervisión de sus actuaciones..
Alertan sobre riesgos para la población haitiana
Protección civil en medio de la crisis
Amnistía Internacional advirtió que las operaciones militares se desarrollan en comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, marcada por la violencia de las bandas armadas, los desplazamientos forzados y las dificultades para acceder a servicios esenciales.
Por esa razón, pidió a las autoridades adoptar medidas especiales para proteger a las personas que viven cerca de las zonas de enfrentamientos, particularmente en los alrededores de viviendas, centros educativos y hospitales..
Entre las principales medidas reclamadas por la organización figuran:
- Proteger la vida y la integridad física de la población civil.
- Evitar nuevos desplazamientos forzados como consecuencia de las operaciones militares.
- Garantizar el acceso a alimentos y atención médica.
- Establecer protocolos especiales para proteger a niños y adolescentes, incluidos aquellos reclutados por bandas armadas.
- Capacitar a los efectivos militares en materia de derechos humanos.
Legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza
La directora para las Américas de la entidad insistió en que cualquier uso de la fuerza debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, especialmente en sectores densamente poblados.
Cuatro militares salvadoreños continúan desaparecidos
El pronunciamiento también coincide con la incertidumbre sobre el paradero de cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, luego de un ataque atribuido a bandas armadas en las inmediaciones de Puerto Príncipe.
Los militares pertenecían a la Fuerza de Supresión de Pandillas y fueron atacados mientras se desplazaban por la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets.Según informó Associated Press (AP), las autoridades haitianas localizaron los restos calcinados del vehículo en el que viajaban los cuatro técnicos, pero estos continúan desaparecidos.
Piden investigaciones independientes ante posibles abusos
La organización también reclamó que las personas señaladas como responsables de eventuales delitos sean sometidas a procesos judiciales con las debidas garantías y que las víctimas tengan acceso a mecanismos de reparación.
«La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití», advirtió Piquer.
El organismo reiteró que las acciones destinadas a recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales deben contar con mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas, colocando la protección de la población civil como una prioridad.
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