Venezuela aprueba reforma eléctrica para permitir inversión privada

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes por unanimidad una reforma parcial de la legislación eléctrica para facilitar la inversión privada y extranjera en el sector.

La votación se produjo después de tres aplazamientos del debate definitivo. La reforma busca incorporar nuevos operadores a un sistema que enfrenta una prolongada crisis, agravada durante el último año por el aumento de la demanda.

La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece que la generación de electricidad podrá estar a cargo de la empresa operadora estatal, así como de compañías mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente.

La normativa también permite otorgar concesiones a empresas privadas por un período máximo de 25 años.

Empresas privadas podrán generar electricidad

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la reforma y aseguró que no representa una privatización del sector.

Según explicó, la legislación busca abrir espacios para que empresas privadas participen en la generación y autogeneración de electricidad.

Rodríguez calificó de necesaria esta apertura y señaló que permitirá ampliar la participación de compañías en el suministro energético, especialmente para grandes consumidores.

Entre estos mencionó industrias y centros comerciales.

El Ministerio de Energía Eléctrica tendrá la facultad de otorgar concesiones cuando los proyectos superen los 50 megavatios (MW) o involucren bienes públicos e infraestructuras estratégicas.

La norma también establece que, al concluir una concesión, las empresas deberán transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), o a quien designe el Estado, los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante el contrato. Estos deberán entregarse libres de gravámenes.

«No promueve en modo alguno la privatización», afirmó durante el debate. En cambio, explicó que la legislación busca facilitar la participación de empresas privadas en la generación y autogeneración de electricidad.

Reglas para empresas petroleras y resolución de conflictos

La reforma incluye disposiciones para las compañías vinculadas al sector petrolero. Estas deberán garantizar un suministro eléctrico continuo y suficiente para desarrollar sus actividades.

Para cumplir ese objetivo, podrán recurrir a sistemas de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros.

La legislación establece que las empresas petroleras y las sociedades independientes de generación eléctrica no necesitarán autorización estatal para producir energía destinada a sus redes internas. Sin embargo, deberán cumplir los requisitos correspondientes si se conectan a la red nacional.

En cuanto a los conflictos entre las empresas y las autoridades, la ley contempla dos vías de resolución:

• Los tribunales venezolanos.
• Mecanismos alternativos, como la mediación y el arbitraje.

Multas y penas por infracciones

El nuevo marco legal contempla sanciones económicas y penas de prisión para determinadas infracciones.

Las multas podrán alcanzar el 2 % de los ingresos brutos de las empresas durante los 12 meses anteriores a la infracción.

Entre las conductas sancionadas figuran:

• Incumplir las normas aplicables a las instalaciones eléctricas.
• Desobedecer instrucciones de las autoridades competentes.
• No entregar la información solicitada por los organismos reguladores.
• Impedir sin justificación las verificaciones e inspecciones.

La ley también establece penas de dos a cinco años de prisión por el hurto de equipos eléctricos.

En el caso del hurto de electricidad con fines de lucro mediante conexiones no autorizadas superiores a 5,000 kilovatios hora mensuales, las condenas podrán ser de dos a seis años.

Venezuela busca aliviar su crisis eléctrica

Venezuela enfrenta problemas en su sistema eléctrico desde hace más de una década. Durante el último año, los apagones se han intensificado y han provocado protestas en distintos estados.

La oposición y expertos atribuyen las fallas a la corrupción y la falta de mantenimiento de la infraestructura. El Gobierno, por su parte, responsabiliza a las sanciones internacionales, los fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

La reforma se suma a otros cambios legales impulsados en Venezuela para permitir una mayor participación del capital privado y extranjero en sectores estratégicos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que el país recibirá pronto un alivio frente a la crisis eléctrica.