Ricardo Martinelli tiene abiertas otras cuatro investigaciones en su contra en la Corte Suprema de Panamá.
El escrito de acusación señala que el ex jefe de Estado, de 63 años, estableció «un aparato organizado de poder al margen del Estado de Derecho«, utilizando recursos públicos y personal del Consejo Nacional de Seguridad, con el que interceptó las comunicaciones de activistas, políticos, sindicalistas, abogados, médicos y otros grupos civiles.
«(Unas) actividades de espionaje político que implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos de los panameños (y en las que) se utilizaron equipos, personal y recursos del erario público», señala el informe del juez Harry Díaz, quien actúa como fiscal por ser Martinelli diputado del Parlamento Centroamericano.
Díaz especificó que pedirá penas de cuatro años de cárcel por intercepción de llamadas sin orden judicial; cuatro años por seguimiento, vigilancia y persecución; diez años por peculado por sustracción o malversación; y otros tres años por un agravante de peculado de uso.
La defensa de Martinelli, quien se declara inocente de todos los cargos, calificó el escrito de «locura» y consideró que todo el proceso que enfrenta el ex mandatario es «kafkiano».
«No sabe quién lo acusa, cuándo es el juicio, no sabe de qué lo acusan, ni quién es el juez que lo va a juzgar. Es un hombre que no puede defenderse aunque tenga mil abogados», dijo Rogelio Cruz, jefe del equipo legal del ex presidente.
Espionaje amplio
Según la investigación, entre 2012 y mediados de 2014 Martinelli habría establecido una oficina de acceso restringido en la última planta del edificio 150, sede del Consejo Nacional de Seguridad, donde funcionarios de inteligencia interceptaban ilegalmente las comunicaciones de decenas de ciudadanos por orden explícita del entonces presidente de la República.
Las tareas se extendían a las familias y amigos de los denominados «objetivos» e incluían conversaciones telefónicas, audio ambiente, vigilancia y seguimiento con fotografías, intercepción de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, agendas telefónicas y tarjetas de memoria, dice el documento.
El multimillonario de los supermercados tiene abiertas otras cuatro investigaciones en la Corte Suprema, incluidos casos de malversación de fondos públicos, cobro de sobornos, delitos financieros e indultos ilegales.
En su escrito, el fiscal propone el testimonio de al menos 28 testigos y 43 supuestas víctimas, varias pruebas periciales, como equipos informáticos, y decenas de documentos. La defensa considera que no hay evidencias suficientes para abrir un juicio, y confía en que podrán abortar el proceso.
La semana pasada, el magistrado Díaz solicitó la apertura de un juicio oral contra el ex mandatario y pidió una alerta azul de Interpol para localizarlo en caso de que sea llamado a declarar, tras considerarlo en su escrito «en paradero desconocido».
Martinelli, quien asegura residir temporalmente en Miami, califica las investigaciones en su contra como una venganza del actual presidente y antiguo aliado político Juan Carlos Varela.
«Él se siente muy molesto (…), considera que es una persecución política. Tenemos una Justicia a empujones», agregó el abogado Cruz, quien no pudo dar detalles sobre el status migratorio de su defendido, quien rompió con Varela en 2011, cuando éste era su vicepresidente.
