La misión de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó este lunes al secretario general, Luis Almagro, de estar enviando un «mensaje distorsionado» de lo que es el organismo con sus pronunciamientos personales sobre las crisis del continente, sobre todo la venezolana.
«Sus pronunciamientos le inhabilitan a tener cualquier papel sobre Venezuela. Envía un mensaje distorsionado de lo que es una organización de Estados, mediáticamente es imposible diferenciar entre lo que él dice y lo que dice la OEA», dijo la representante alterna de Venezuela, Carmen Velásquez.
La diplomática se pronunció en este sentido después de que el jefe de gabinete de Almagro, Gonzalo Koncke, presentara con una breve exposición el informe anual 2015 del secretario general.
Almagro, que estuvo presente al inicio de este Consejo Permanente ordinario, abandonó la sala antes de que Koncke comenzara su exposición, una ausencia que Venezuela y Nicaragua criticaron.
La misión de Venezuela denunció una vez más que Almagro tiene «una conducta sesgada, parcializada e intervencionista en los asuntos internos» del país y actúa «sin mandato, abusa y se extralimita de sus funciones y mantiene una conducta irrespetuosa hacia las autoridades venezolanas», en palabras de Velásquez.
«(Almagro) se ha inmiscuido en el debate político interno venezolano, así como en los procesos legislativos y judiciales (del país). Además, con su visita a la frontera entre Colombia y Venezuela, generó mayores tensiones entre dos Estados miembros», señaló la diplomática, en referencia a la visita que Almagro hizo a Cúcuta (Colombia) en septiembre de 2015 en el marco de la crisis fronteriza entre ambas naciones.
El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, respondió a esas afirmaciones defendiendo la actuación de Almagro porque «los derechos humanos no tienen fronteras».
«En el terreno pudimos apreciar la importancia de la visita del secretario general como cualquier otra autoridad internacional», apuntó el diplomático colombiano.
Almagro viajó el pasado septiembre a Cúcuta para conocer de primera mano la situación de los deportados después de que Colombia perdiera «in extremis» y por un sólo apoyo una votación en el Consejo Permanente para convocar una reunión de los 34 cancilleres sobre esta crisis.
