BUENOS AIRES (AP).- Varias organizaciones ecologistas manifestaron su preocupación luego de que un juez levantó la suspensión de las actividades con cianuro en la mina de la canadiense Barrick Gold en la provincia argentina de San Juan, lo que generó el malestar de las organizaciones ambientalistas.
Una fuente de la empresa, que no se identificó por no estar autorizada para hablar con la prensa, dijo el viernes a The Associated Press que la firma fue «notificada oficialmente de la medida judicial y reanudó plenamente las actividades». La decisión fue tomada la víspera por el juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, a 1.265 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
El magistrado había dispuesto el martes la extensión de una suspensión ordenada previamente de las operaciones relacionadas con la adición de cianuro al proceso de lixiviación -extracción de materia soluble mediante un disolvente-, luego de que el 13 de septiembre se derramara el tóxico en uno de los recursos de agua adyacentes a la mina.
Las organizaciones ecologistas señalaron que la estrategia de Barrick y del gobierno de San Juan es instalar la teoría de que el incidente fue menor.
Gonzalo Strano, de la Campaña de Glaciares de Greenpeace en Argentina, dijo a AP que tanto la empresa como las autoridades «han mentido» respecto del incidente en la mina.
«Necesitamos ver los resultados que no fueron públicos, y no sólo los de ahora sino las mediciones de Barrick del 12, 13 y 14 de septiembre. Queremos la historia clínica de lo que pasó para evaluar la gravedad», sostuvo.
Según el ambientalista, el vecino de la localidad de Jáchal responsable del pedido de una medida cautelar puede apelar la última resolución de Oritja.
Aparentemente, el juez levantó la suspensión porque entendió que unos desperfectos en una válvula que peritos habían detectado la semana pasada fueron reparados, indicó Strano.
