Los países del triángulo norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala– poseen «las capitales mundiales del homicidio» y sus gobiernos «están fallando a la hora de proteger a su ciudadanía», según la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
«En 2012, Honduras fue uno de los países más mortales del mundo fuera de zona de guerra, con 92,7 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes (7.172 homicidios en total)», anotó un informe presentado en rueda de prensa en Tegucigalpa por el secretario general de AI, Salil Shetty.
Actualmente, el promedio de homicidios en el mundo es de 8,9 por cada 100.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«En El Salvador, en 2015 se registró una cifra récord de más de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes», añadió el informe de AI, elaborado tras una intensiva investigación.
Shetty dijo que una persona que está en El Salvador tiene 25 veces más probabilidades de ser asesinada que si está en Estados Unidos. Respecto a Guatemala, indicó que en 2015 la tasa fue de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Shetty consideró positivo que Honduras experimente una reducción de los homicidios (a 60 por cada 100.000 en 2015), pero estimó que aún así la tasa sigue siendo «muy alta».
Lo más grave, de acuerdo con la denuncia, es que en los tres países los criminales actúan con impunidad porque los gobiernos están protegiendo a los poderosos.
Además, los gobiernos han establecido políticas de militarización para enfrentar el problema, mientras las autoridades se coluden con los delincuentes, según han advertido organismos de derechos humanos.
Los gobiernos de los tres países «están fallando doblemente a la hora de proteger a su ciudadanía», porque «las condiciones económicas siguen siendo malas y el entorno, cada vez más violento, impregna todos los rincones de cada país, lo que obliga a gran número de personas a huir», señala el informe.
La violencia de las pandillas ha multiplicado por seis el número de solicitudes de asilo a Estados Unidos y México en los últimos cinco años, indica el estudio de Amnistía Internacional, una organización de derechos humanos con sede en Londres.
Además, «los gobiernos están fracasando en brindar protección a quienes son deportados de vuelta al mismo clima de peligro del que huyeron».
«Países como México y Estados Unidos están eludiendo por completo su responsabilidad de proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica», añadió.
Según AI, los gobiernos «deben reconocer su responsabilidad en la crisis de protección de la región y deben diseñar e implementar políticas públicas y marcos jurídicos» para brindar protección a las personas deportadas, prestando especial atención a grupos vulnerables, como los niños, adolescentes, indígenas y personas LGBTI.
