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Guatemala: ex vicepresidenta será juzgada por corrupción

GUATEMALA (AP) — La ex vicepresidenta de Guatemala deberá enfrentar juicio, de acuerdo a lo ordenado el martes, mientras que la Suprema Corte dio al iniciar el trámite antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina en un escándalo de fraude que ha colocado al país en una crisis política.

Los manifestantes que exigen la renuncia de Pérez Molina bloquearon carreteras a las afueras de la Ciudad de Guatemala, mientras un juez ordenó que la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, enfrente juicio ante los cargos de conspiración, fraude aduanal y soborno, basándose en las acusaciones de que aceptó sobornos por 3,7 millones de dólares como parte de un escándalo aduanal que obligó su salida del gobierno. El juez no ha determinado aún si deberá enfrentar su proceso penal desde prisión.

Con el decreto unánime de la Suprema Corte del martes, ahora el congreso deberá votar para decidir si retirarle o no la inmunidad a Pérez Molina, el presidente en curso, para que pueda enfrentar juicio, y tal vez, retirarlo del cargo.

Este es el segundo trámite de antejuicio que acepta la Corte Suprema contra el presidente, el primero fue solicitado por el diputado Amílcar Pop, por el mismo caso pero con evidencias de medios. El tema fue descartado en el Congreso.

La fiscalía y la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala solicitaron el retiro de su inmunidad por considerar que está vinculado a una red de funcionarios y particulares que recibió sobornos de empresarios para evadir al fisco.

«Hemos llegado a una crisis política severa», dijo el ex vicepresidente, Eduardo Stein. «Nunca antes se había solicitado de manera pública el retiro de la inmunidad a un presidente».

Pérez Molina emitió el domingo un mensaje televisado a la nación en el cual negó los cargos en su contra, mismos que lo tienen acorralado mientras el escándalo crece.

Desde el viernes han renunciado cinco ministros de los 13 miembros del gabinete, ocho viceministros y dos secretarios, en medio de protestas ciudadanas que piden la renuncia del mandatario.

El sector empresarial pidió públicamente su renuncia y a esto se unió la Iglesia católica a través del arzobispo guatemalteco Oscar Julio Vian.

La representante estudiantil Lucía Ixchiu llamó «cobarde» al presidente por lanzar ese discurso y porque se atrinchera en su puesto sin haber escuchado al «clamor popular que pide su salida».

De acuerdo a la fiscalía y la Comisión, hay fuertes indicios de que el mandatario está vinculado a una red de defraudación aduanera, denominada «La Línea», que habría robado millones de dólares al fisco guatemalteco. Dicha red de defraudación, supuestamente estaba liderada por un asistente de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, quien actualmente se encuentra prófugo.

Los fiscales argumentaron el martes que Baldetti era una de las principales beneficiarias de la operación, basándose en unas 88.000 intervenciones telefónicas y documentos que revelan la forma en que se dividía el dinero.

Su abogado defensor, Mario Cano, señaló que las acusaciones son políticas y recalcó que en ninguna de las grabaciones telefónicas se escucha su voz.

El escándalo ha acumulado las tensiones previas a las elecciones del 6 de septiembre, en las que se elegirá al sucesor de Pérez Molina.

Los manifestantes prometieron más movilizaciones en los próximos días, incluyendo fuegos pirotécnicos para celebrar las decisiones del martes en contra de los dos principales políticos del país.

El líder campesino Carlos Barrientos dijo que habrá más de 25 puntos que estarán bloqueados alrededor del país para presionar por la renuncia. Algunos de los manifestantes exigen que se pospongan las elecciones hasta que se haya resuelto el escándalo de corrupción y Pérez Molina presente su renuncia.

Helen Mack, activista de derechos humanos, cree que el presidente «llamó a la confrontación para volverse un perseguido político para evadir la justicia».

Mack resaltó que hasta el momento, todas las protestas se han llevado a cabo de forma pacífica.

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