El Estado argentino aceptó en junio de 2016 una propuesta de pago de deuda realizada por Correo Argentino S.A, perteneciente al Grupo Macri.
Una fiscal federal imputó el martes al presidente Mauricio Macri y a dos de sus funcionarios por el acuerdo que suscribió el Estado con el grupo empresarial liderado por el padre del mandatario para cancelar una deuda que contrajo cuando administró el servicio postal en el país.
La acción penal impulsada por el fiscal Juan Pedro Zoni tiene el fin de «verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores —funcionarios públicos o particulares— que intervinieron —de forma directa o indirecta— a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada«, según el dictamen difundido por el Ministerio Público Fiscal.
El Estado argentino aceptó en junio de 2016 una propuesta de pago de deuda realizada por Correo Argentino S.A, perteneciente al Grupo Macri —cuyo titular es el magnate Franco Macri— que administró al servicio postal desde los años 90 hasta su estatización a principios de este siglo.
El convenio fue objetado la semana pasada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien dictaminó que supone un perjuicio para los fondos públicos aceptar una quita de deuda a favor del Correo Argentino S.A por unos 4.000 millones de pesos (250 millones de dólares) en la actualidad y más de 70.000 millones (unos 4.370 millones de dólares) a 2033, cuando está previsto que el Grupo Macri termine de pagar la deuda con el Estado.
Además de Macri, el fiscal Zoni también imputó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa.
Ahora corresponde a un juez federal dar curso o rechazar la investigación impulsada por el fiscal.
Si bien el acuerdo se firmó en junio pasado, éste se volvió público a partir de las objeciones de la fiscal del fuero comercial. Desde la oposición apuntaron que en este caso existe un evidente choque de intereses, ya que involucra a la familia del presidente. Dos dirigentes opositores, a su vez, presentaron una denuncia penal contra Macri por supuesta por defraudación contra la administración pública.
Horas antes de conocerse la imputación del fiscal Zoni, el ministro de Comunicación Oscar Aguad dijo en rueda de prensa: «jamás consulté este tema con el presidente porque él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde un familiar esté involucrado«. Poco después de asumir, Macri transfirió sus bienes y acciones a un fondo fiduciario «ciego» que sería manejado por un administrador hasta el final de su mandato.
Sin embargo, ante el impacto negativo del acuerdo del Estado con la empresa de Franco Macri, el gobierno pidió el martes a la justicia que se pronuncie lo antes posible sobre el acuerdo y pretende dar intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano controlado por la oposición, para dar garantías de transparencia.
«Estamos absolutamente tranquilos porque creemos que el sentido que el equipo jurídico le planteó al Ministerio (de Comunicaciones) es cortar con un perjuicio al Estado, justamente, al contrario de lo que algunos opositores con poca memoria plantean«, afirmó el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña.
El Estado Nacional es titular del 32,65% del pasivo concursal.
La empresa concesionaria del servicio postal durante los años 90 se presentó en concurso en 2001, en medio de una gran crisis económica en el país. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato del Estado con Correo Argentino alegando incumplimientos por parte del concesionario del servicio postal. Durante sus cuatro años de mandato y la gestión de su sucesora, su esposa Cristina Fernández (2007-2015), no se logró un acuerdo para cancelar el concurso preventivo.
Fuente: AP
