GUATEMALA.- Ocho ex militares fueron detenidos e irán a juicio por desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad durante la guerra guatemalteca de 1960-1996, se informó este martes. Otros dos exmilitares quedaron en libertad.
En la audiencia, la jueza Claudet Domínguez ordenó iniciar juicio, entre otros, a Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército de 1981 a 1982, una de las épocas más violentas de la guerra de acuerdo con organismos defensores de los derechos humanos.
También irán a juico los ex oficiales Byron Huberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Raúl Dehesa, José Antonio Vásquez, Carlos Augusto Garavito, Juan Ovalle Salazar y Cesar Augusto Cabrera Mejía. Todos los acusados son mayores de 60 años.
Los militares serán juzgados por desaparición forzosa y violación de los deberes de humanidad. Hasta el momento ninguno de los acusados había presentado declaración de culpabilidad o inocencia.
Según la fiscalía, los militares fueron oficiales de la zona Militar número 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, al norte de la capital guatemalteca, que hoy alberga el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Creompaz. En este centro de adiestramiento militar apoyado por Naciones Unidas, las autoridades realizaron allanamientos y localizaron más de 80 fosas que contenían al menos 565 osamentas de víctimas de la guerra.
El caso se remonta a las masacres ocurridas durante varios años de la guerra en el occidente del país.
Los exmilitares acusados estuvieron destacados en el lugar en diferentes períodos y tuvieron a soldados bajo su mando, sostuvo la fiscalía.
La jueza resolvió que sean juzgados por la muerte de algunas de las víctimas, y no por el total de las que la fiscalía les acusa. Asimismo, llamó la atención a la fiscalía por haber incluido documentación que no era parte de los hechos.
En el caso también está señalado Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado electo por el Frente de Convergencia Nacional, partido que llevó a la presidencia al actual presidente Jimmy Morales, pero quién ha apelado la acusación y está pendiente de resolverse por la Corte de Constitucionalidad si puede ser vinculado o no al caso.
De ser juzgados y encontrados culpables, los militares podrían enfrentar hasta 50 años de prisión, que es lo que permite la ley.
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