La Fiscalía General denegó el viernes la solicitud de libertad inmediata
La situación jurídica del expresidente colombiano Álvaro Uribe entra en un limbo un mes después de que se ordenara su detención domiciliaria tras la decisión del fiscal encargado del caso de denegarle la libertad pedida por su defensa.
La Fiscalía General denegó el viernes la solicitud de libertad inmediata para Uribe, quien está detenido por un caso de supuesto soborno de testigos y fraude procesal, toda vez que encontró que ese tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías.
A juicio del director de derecho penal de la Universidad Javeriana, José Fernando Mestre, en el caso del exmandatario sí debería proceder la libertad, aunque no cree que el camino para ello sea el que planteó la defensa del expresidente.
El penalista coincide, como lo determinó la Fiscalía, en que esa decisión le corresponde a un juez de control de garantías y no directamente al ente investigador.
La Fiscalía comunicó ayer que «evidenció que el asunto materia de investigación debe seguirse exclusivamente dentro de los parámetros de la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio, porque hace referencia a hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018», como pidió la defensa.
El pasado miércoles el abogado de Uribe, Jaime Granados, había dicho que el caso no podía seguir bajo la Ley 600 del año 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, sino que debía manejarse según la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.
En ese sistema, la audiencia de formulación de imputación es requisito para que pueda imponerse una medida de privación de la libertad, pero como «no hay audiencia de formulación contra Álvaro Uribe todavía, es necesario revocar la medida de aseguramiento» que ordenó la Corte Suprema de Justicia hace un mes, explicó Mestre.
Conceder o no la libertad inmediata del expresidente era una de las decisiones más esperadas en el país desde que la Corte Suprema, que llevó el caso hasta esta semana, entregó el expediente a la Fiscalía luego de que Uribe renunció al escaño que ocupó desde 2014 en el Senado.
Bajo la interpretación de algunos juristas, la decisión que tomará el fiscal general, Francisco Barbosa, amigo de vieja data del presidente Iván Duque, ahijado político de Uribe, determinará qué tan independiente será la Fiscalía en el caso.
Fuente: EFE
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