El Tribunal Supremo de Brasil da al Senado la última palabra para decidir sobre el destino político de la presidenta Dilma Rousseff. Así, el Tribunal Supremo ha rechazado los pasos impuestos por Eduardo Cunha para el proceso del ‘impeachment’.
La semana pasada el Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó suspender hasta el 16 de diciembre el proceso judicial político destinado a destituir a la presidenta Dilma Rousseff por presuntas irregularidades fiscales. Entonces la decisión del magistrado Luiz Edson Fachin impidió a la Cámara de Diputados inaugurar la comisión especial para la evaluación de la validez de la solicitud de enjuiciamiento contra la presidenta, así como llevar a cabo cualquier gestión relacionada con ese caso.
El 2 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó la apertura de un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, argumentando que considera procedente una acusación por irregularidades fiscales.
En concreto, Cunha admitió la solicitud presentada en octubre por los abogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Junior y Janaína Paschoal, informa la agencia EBC. Como argumento, los juristas utilizaron la decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil, un organismo que supervisa el Poder Ejecutivo, que el pasado 8 de octubre recomendó al Parlamento rechazar las cuentas fiscales del Gobierno de Rousseff sobre el año 2014 después de que en varios puntos de las mismas el juez instructor del caso, Augusto Nardes, haya detectado una serie de irregularidades.
