Colombia.- El Congreso colombiano aprobó el martes por mayoría el blindaje jurídico a los acuerdos a que se llegue en el marco del proceso de paz que adelantan el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, se informó oficialmente.
«El Senado de la República acaba de aprobar con 52 votos el Acto Legislativo para la Paz», escribió en su cuenta oficial de Twitter la cámara alta.
De inmediato el presidente Juan Manuel Santos escribió en la misma red social: «Todos los colombianos que queremos la paz agradecemos a Congreso aprobación de acto legislativo. ¡La paz está más cerca que nunca!».
Desde fines de 2012, el gobierno de Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de medio siglo de hostilidades entre las partes.
Con lo aprobado el martes, todo lo que las delegaciones negociadoras acuerden en La Habana se elevará a la categoría de «acuerdo especial» y tendrá rango constitucional para que a la larga no pueda ser modificado por futuros gobiernos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también agradeció a los legisladores su decisión, en medio de la molestia del único movimiento político que expresó su desacuerdo con la determinación de las mayorías, el Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
«El Acto Legislativo para la Paz va a permitir el cumplimiento y la implementación de los acuerdos que finalmente se firmen en La Habana. Sirve para blindar jurídica y políticamente esos acuerdos», aseguró Cristo.
Servirá adicionalmente, al decir del titular de la cartera de la política, para agilizar las reformas constitucionales a fin de que éstas sean más rápidas y así poder cumplir los acuerdos que eventualmente se pacten entre las partes.
«Que los colombianos sepan: aquí los constituyentes han sido el gobierno y el grupo terrorista» de las FARC, indicó en el Legislativo Uribe, quien también es senador desde julio de 2014.
El Acto Legislativo para la Paz aprobado pasará ahora al control de la Corte Constitucional, la máxima instancia en el país en asuntos de la Carta Magna.
Ya el 12 de mayo pasado el gobierno y la guerrilla habían anunciado una serie de mecanismos para blindar el proceso de negociación.
En ese momento los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, dijeron que el objetivo de lo acordado era «asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional».
El gobierno de Santos ha insistido en que será el pueblo colombiano, a través de un plebiscito, el que finalmente refrendará los acuerdos de paz que se alcancen en La Habana.
Para que el plebiscito sea aprobado necesitará al menos el 13% del total del censo electoral, que en octubre de 2015 arrojó que en Colombia había unos 34 millones de ciudadanos aptos para votar. Es decir, necesitaría un poco más de 4,4 millones de sufragios.
Hasta ahora las delegaciones negociadoras del gobierno y las FARC han llegado a acuerdos en temas clave como una reforma agraria en el país, la participación en política de los guerrilleros, la lucha frontal contra el narcotráfico, el resarcimiento a las víctimas y la justicia transicional, como se conoce la forma en que los autores del conflicto armado en Colombia pagarán por sus crímenes.
Pero aún falta por llegar a acuerdos en puntos álgidos como el cese bilateral del fuego, el abandono de las armas por parte de los insurgentes y las zonas de ubicación transitoria para los guerrilleros.
