El gobernador del céntrico estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, llamó a hacer presión para lograr que en Venezuela se convoquen elecciones generales.
El opositor aseguró que el 80% de los venezolanos «quiere cambio» y por ello, dijo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la sociedad en general están llamadas a «organizarse, articularse y movilizarse» en favor de esta iniciativa, sin precisar para cuándo se podría concretar.
«El Gobierno nos ha robado de todo, pero no podemos permitir nunca que nos robe la esperanza«, continuó Capriles tras acusar al presidente Nicolás Maduro de «secuestrar» el referendo revocatorio presidencial, un proceso que la MUD impulsó durante meses y que el Poder Electoral suspendió cuando faltaba cumplir un solo requisito.
El gobernador aseveró que la crisis económica se agravará en la nación petrolera de no producirse, en el corto plazo, un cambio de gobierno, algo que está previsto para finales de 2018, cuando se debería llamar a elecciones presidenciales.
«Debemos declararle la guerra al hambre«, dijo y aseguró que en el 70% de los hogares de Caracas «no hay comida suficiente para alimentar a una familia» y que los ciudadanos necesitan 17 salarios mínimos para cubrir el costo de la llamada canasta alimentaria familiar.
Por ello, Capriles remarcó como una obligación que la MUD defina una estrategia en estos días para «plantearle al país una ruta clara que permita alcanzar a los venezolanos el cambio que quieren a través del camino que también quieren, que es el electoral».
A finales de octubre, el Gobierno y la oposición instalaron una mesa de diálogo para buscar soluciones negociadas a la crisis, pero estas conversaciones entraron en diciembre en una fase de «revisión» debido a que las partes se acusan de incumplir los acuerdos alcanzados en las plenarias. Entre las peticiones de la oposición en esa mesa está la de una «salida electoral» a la crisis.
La oposición dijo que el Parlamento se instalará en 2017 pese a los «obstáculos»
El secretario ejecutivo de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, se instalará para su nuevo período el 5 de enero a pesar de los «obstáculos» que pueda poner el Gobierno.
«Este es un régimen que le teme al entendimiento y que le huye al diálogo, así que no es de extrañar que pongan todos los obstáculos habidos y por haber para la instalación de la Asamblea Nacional, que se dará, a todos eventos, se dará», aseveró Torrealba en una conferencia de prensa.
El opositor agregó que el Parlamento se instalará porque es un poder público con «legitimidad del voto del pueblo».
Con esto Torrealba hizo referencia a la alerta que dio el pasado viernes el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara, el diputado Luis Florido, cuando dijo que inició una agenda para informar al mundo sobre la «posibilidad» de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiera desconocer al Legislativo en 2017.
Ese día Florido manifestó que «ya están encendidas las alarmas en Cancillerías, embajadas, Parlamentos y organismos internacionales que están vigilantes ante lo que pueda suceder en Venezuela durante las próximas horas», y resaltó que Maduro incluso podría querer impedir la juramentación de la nueva directiva del Parlamento.
Por otra parte, el secretario ejecutivo de la MUD indicó que la reestructuración de la oposición debe promover cambios para «retomar» lo que, según él, fue una «senda de victoria» por la que transitaron en 2015, cuando obtuvieron la mayoría de los escaños en el Parlamento.
«Los cambios que promovimos desde que llegamos en septiembre de 2014 nos permitieron ganar en 2015. Ahora es necesario que promovamos cambios para que en 2017 retomemos la senda de victoria que transitamos en 2015», acotó.
Cada 5 de enero se instala y juramenta una nueva directiva del Legislativo por mandato constitucional, pero este año las alarmas se han encendido puesto que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado a la Cámara en desacato y la nulidad de todos sus actos, lo que incluiría la asunción de otra directiva.
