Condeno enérgicamente este asesinato, me parece que es un hecho de total irracionalidad, absolutamente injustificado y para su familia, sus amigos, también una pena irreparable, un golpe de dolor difícil de reparar», señaló Bachelet a periodistas en medio de una actividad pública en Santiago.
El doble asesinato que conmocionó a Chile se produjo el jueves en Valparaíso (unos 120 kilómetros al sur de Santiago) cuando dos estudiantes de 18 y 24 años murieron tiroteados por otro joven de 20 años, hijo de los dueños de una casa en la que un grupo de estudiantes intentaba colgar panfletos durante una manifestación.
El único sospechoso de los disparos fue detenido el mismo jueves por la policía local, que este viernes anunció que encontró el arma homicida oculta en la casa desde donde se disparó a los dos estudiantes universitarios.
«En Chile no hay espacio para actos irracionales, intolerantes y brutales, y el Gobierno dispondrá de todos los recursos para obtener justicia y verdad», señaló la presidente en Santiago, mientras en un tribunal de Valparaíso el sospechoso -que tenía antecedentes por lesiones graves- recibía la formalización de cargos por homicidio.
El asesinato de Exequiel Borvarán, de 18 años y estudiante de primer año de Psicología, y Diego Guzmán, de 24 y que cursaba Previsión de Riesgos e integraba las Juventudes Comunistas, movilizó en la noche del jueves a cientos de estudiantes, que se congregaron en Santiago y Valparaíso para homenajearlos.
Las muertes ensombrecieron masivas manifestaciones, en varias ciudades de Chile, de estudiantes y profesores, que piden mayor injerencia en la reforma de la educación que impulsó y que, a paso lento, está implementando Bachelet.
Las movilizaciones se produjeron la misma semana en que la mandataria chilena pateó el tablero cambiando a gran parte de su gabinete, en un intento de superar la crisis de confianza que transita y su baja popularidad (29%).
La reforma, parte fundamental del programa de gobierno, busca dejar atrás el segregado sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), e incluye una de las promesas de la mandataria: instalar la gratuidad en educación universitaria para el 70% más pobre de la población a partir de 2016.
