La boliviana Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, se convirtió en una «prisionera política» porque no se respetaron sus derechos al haber sido trasladada de un penal a otro con una decisión administrativa y sin orden judicial, afirmó este sábado uno de sus abogados, Eduardo León.
El jurista enfatizó ante los medios que Zapata «deja de ser una detenida preventiva» y se convierte en «una prisionera política» porque una autoridad administrativa del sistema penitenciario violó sus derechos al instruir que sea llevada a otra cárcel.
La Policía trasladó el jueves a Zapata desde la cárcel de Obrajes a la de Miraflores, ambos en La Paz, debido a una orden del Gobierno que argumentó motivos de seguridad.
Zapata está detenida desde el 28 de febrero pasado acusada de varios supuestos delitos económicos, entre ellos enriquecimiento ilícito, y a los que se ha sumado en los últimos días denuncias sobre presuntos actos de falsedad y falsificación de documentos.
En paralelo a la investigación sobre esos delitos, Zapata y Morales han polemizado por el hijo que ambos tuvieron en 2007.
Morales y sus ministros aseguran, con contradicciones incluidas, que el menor está muerto o nunca existió, mientras que ella y sus abogados sostienen que está vivo, pero que no lo presentan porque su vida está en peligro y necesitan garantías internacionales.
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