La sangrienta represión de las masivas y pacíficas protestas, y las brutales ejecuciones del régimen persa suman presión al bloque para que profundice las sanciones.
Varios países de la Unión Europea, liderados por Alemania y Países Bajos, presionan para que el bloque defina a las Guardias Revolucionarias de Irán como organización terrorista. De concretarse, el sangriento brazo armado del régimen iraní se sumaría a la lista negra que ya incluye Al Qaeda, el Estado Islámico y Hezbollah.
“Estudiaremos cómo podemos incluir también a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas”, adelantó a finales de 2022 la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock.
Países Bajos, con una histórica tradición de defensa a los derechos humanos, secunda la iniciativa.
Y ahora, según adelantó Le Monde, la idea se instaló en Bruselas cuatro meses después del comienzo de la sangrienta represión por parte del régimen contra las manifestaciones del pueblo desencadenadas tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini a manos de la Policía de la moral.
La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock (Reuters) sobre posición de Alemania y Países Bajos
“Políticamente, ha llegado el momento de ponerse duros. Debemos ser firmes sin romper las relaciones golpeando a una organización situada en el corazón del sistema”, declaró una fuente diplomática a Le Monde.
La iniciativa de Alemania y Países Bajos es una respuesta a las Berlín, multitudinarias manifestaciones en las capitales europeas en solidaridad con los manifestantes antigubernamentales de Irán, donde un movimiento desencadenado por la muerte de Mahsa Amini de 22 años bajo custodia de la policía de la moralidad evolucionó hasta convertirse en un desafío a la República Islámica.
Irán suma ya 16 condenas a muerte y cuatro ejecuciones en un intento de detener las protestas que sacuden el país desde septiembre, a pesar de los llamamientos internacionales para que anule las sentencias de manifestantes.
Tras la fuerte represión policial que ha provocado cerca de 500 muertes y casi 20.000 detenidos desde la muerte de Amini, los tribunales no paran de emitir sentencias en unos juicios calificados como farsas” e “injustos” por Amnistía Internacional (AI).
