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Con la implementación de la firma digital se ahorrarán más de 41 millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Con el objetivo de eficientizar las acciones del Ministerio Público y mejorar la calidad en el servicio, la titular de la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito y el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), Bartolomé Pujals, firmaron un acuerdo interinstitucional para la implementación de la firma digital.
El acuerdo contempla la implementación inmediata en la Fiscalía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Esto, en una primera etapa.
En la Fiscalía del Distrito Nacional se firman anualmente 150 mil documentos con firma manuscrita, lo que significa un gasto anual de RD$26,550,000. Y en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) un promedio anual de 90 mil documentos con firma manuscrita. La iniciativa significa un gasto al año de RD$15,930,000.
Sin embargo, si esa cantidad de documentos se firmara con firma digital, que tiene un costo de 5 pesos por cada documento. Con esto, el gasto anual se reduce a solo RD$1,200,000.
La titular de la PGR destacó que “Gracias a la firma digital, ya no será necesario que un mensajero viaje desde Pedernales u otra región para retirar una certificación del INACIF. Si no que ahora estos documentos podrán ser enviados digitalmente con la misma validez legal que una firma manuscrita”.
Por su parte, el director general de la OGTIC resaltó que «la interoperabilidad en el sistema de la seguridad pública es un hito que evidencia que la tecnología sirve para mejorar la vida de los ciudadanos“.
Pujals también añadió que en términos concretos, una firma manuscrita es de 177 pesos, mientras que una firma digital solo cuesta 5 pesos”.

Sobre el impacto de la firma digital en el Estado
A la fecha, OGTIC ha logrado el uso de la firma digital en el 50% de las instituciones públicas, lo que representa a más de 175 entidades implementando este servicio. Todas gestionando todos sus procedimientos y trámites administrativos.
La Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales avala el uso y validez de la firma digital. En la misma, se define el término “firma digital” como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión.
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