El Gobierno de Egipto, país que acogerá la próxima cumbre de cambio climático COP27 en noviembre, ha restringido el activismo ambiental, obstaculizando e impidiendo el trabajo de las organizaciones ecologistas con prácticas que incluyen el acoso y la intimidación, denunció Human Rights Watch (HRW).
La organización ha publicado un informe en el que, a partir del testimonio de 13 activistas, académicos, científicos y periodistas; relacionados con temas medioambientales, describe «una drástica reducción del espacio para un trabajo independiente sobre medio ambiente y clima; desde que el presidente Abdelfatah al Sisi asumió el cargo, en 2014«.
Los «obstáculos arbitrarios» impuestos por el Gobierno «han debilitado a los grupos medioambientales locales; forzando a algunos activistas al exilio y a otros a evitar un trabajo significativo«, afirmó el director de Medio Ambiente de HRW, Richard Pearshouse.
Además, «violan los derechos de reunión y asociación y amenazan la capacidad de Egipto de cumplir con sus compromisos con el medio ambiente y la acción contra el cambio climático«, acusó la ONG.
Varios de los entrevistados denunciaron un patrón de acoso hacia quienes trataban temas medioambientales sensibles para el Gobierno; con llamadas intimidatorias, controles e interrogatorios exhaustivos al entrar o salir del país e incluso impedimentos para viajar al extranjero.
HRW detectó que los temas más delicados son aquellos que tienen que ver con la pasividad gubernamental; para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los daños causados por intereses corporativos; así como con los impactos ambientales de los «opacos» negocios de los militares.
Estos últimos incluyen desde actividades extractivas hasta plantas de embotellamiento de agua, pasando por fábricas de cemento o proyectos de infraestructura como la nueva capital administrativa que se está construyendo a las afueras de El Cairo.
Otras formas de represión contra los ecologistas, similares a la ejercida contra todo tipo de activismo, son los obstáculos de las organizaciones no gubernamentales para registrarse como tales, el temor a que sea detenida la gente entrevistada durante los trabajos de campo o las restricciones de financiación.
Desde 2014, recuerda HRW, se han aprobado varias leyes que castigan con hasta la pena de muerte por recibir dinero de fuentes extranjeras; si se considera que el dinero va destinado a perjudicar el «interés nacional» o minar la seguridad pública.
Muchas organizaciones han cerrado y en su lugar han surgido otras cuyo trabajo va en línea con las prioridades del Gobierno; y trabajan aspectos no políticos como la recolección de basura, el reciclaje o las energías renovables.
Además, añade, los miembros de grupos ambientales importantes son recelosos de participar públicamente en la COP27 porque temen futuras represalias.
Fuente: EFE
