Santo Domingo, RD. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) valoró como un gran aporte al derecho a la información de los ciudadanos la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece el derecho que tienen los diarios digitales de mantener en sus plataformas las informaciones relativas a «hechos noticiables» legítimos, veraces o procedentes de fuentes válidas.
La SDD reafirma su apego al mandato de la sentencia del TC 0171-20, del 17 de junio del 2020. Y recuerda que en su momento acogió con beneplácito dicho fallo. La entidad hace acopio al derecho de la población de mantenerse informada de los hechos noticiosos acontecidos. Por tanto, resalta el valor del dictamen adoptado por la Alta Corte.
Recuerda que la propia Constitución de la República, en su artículo 184, establece que «son definitivas e irrevocables. Además, que constituyen procedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado».
Petición que obliga a un fallo
Amparado en la referida sentencia, el propio TC falló recientemente a favor de la «Editorial Acento S.A.S», que edita el periódico digital «Acento». Esto ante el pedimento de una persona que reclamaba le fuera retirada del citado medio una información en la que se justificaba su cancelación a que supuestamente «tenía relaciones con el narcotráfico».
La persona cancelada pedía que Acento retirara la información alegando que no fue procesado judicialmente por las razones que habían motivado a su desvinculación.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional dictaminó que la información publicada por «Acento» no era errónea ni falsa. Por consiguiente, rechazó la solicitud del accionante.
El órgano constitucional agrega que «la conducta de la parte recurrida (Acento) consiste en la difusión y ejercicio de su profesión. Y que en ocasión de una noticia de relevancia pública, constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información».
En ese tenor, la Sociedad Dominicana de Diarios hace estos señalamientos en virtud a la frecuencia con que personas vinculadas a sucesos o procesos judiciales o sus abogados han querido judicializar sus solicitudes de retirar las informaciones sobre los sucesos o hechos en los que han sido involucrados por las autoridades.
Para sus pretensiones, añade la SDD, las personas que intentan judicializar a los medios alegan un mal interpretado derecho de «Hábeas Data». Dice que su alcance es aclarado en la sentencia del TC y que nada tiene que ver con el derecho a informaciones de interés público.
