Jochi Gómez se muestra sonriente en audiencia de coerción caso Camaleón

Aunque el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Jochi Gómez y otros seis imputados en el caso Camaleón por el cuestionado contrato firmado entre la empresa Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) durante la gestión de Hugo Beras, Gómez se muestra optimista, relajado y sonriente en la sala de audiencias, donde este martes se le conoce medida de coerción.

La audiencia de este martes se desarrolla tras el aplazamiento el pasado sábado, decisión adoptada por el tribunal a solicitud de las defensas de los imputados, bajo el argumento de conocer en detalles las acusaciones formuladas por el Ministerio Público contra sus clientes.

El Ministerio Público, además de prisión preventiva para todos los involucrados, pide la declaratoria del caso complejo. En este caso está representado por la magistrada Mirna Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

La operación Camaleón surge de una investigación de supuestas irregularidades en contrato entre el Intrant y la empresa Transcore Latan SRL.

Además de Gómez y Hugo Beras, están siendo imputados Samuel Gregorio Baquero Sepulveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del centro de control de tráfico; Frank Díaz, y Carlos José Peguero Vargas, acusados de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y falsedad de escrituras, entre otros cargos.

La defensa de los imputados mantienen su pedimento de libertad pura y simple a favor de sus clientes.

Defensa de Jochi Gómez dice es improcedente prisión preventiva

El abogado de Jochi Gómez, Carlos Balcácer, aseguró que su colaboración con la entidad hace «improcedente» esa medida cautelar.

Pese a que Jochi Gómez colaboró con la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) para desvincularse del sabotaje semafórico y guiar a los fiscales a los presuntos responsables, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en su contra.

Medida de coerción que su abogado informó que pelearán para que no le sea impuesta, por considerarla improcedente.

Agregó que del contrato sustraído entre Transcore Latam y el Intrant, durante la gestión de Hugo Beras solo se pagó un total de un 20% de los 1,317 millones de pesos estipulados. Según detalles, ese no es el único contrato en que el Ministerio Público encontró anomalías.

Allanamientos en operación Camaleón

Durante la operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

Según el Ministerio Público, en los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias, las cuales presuntamente confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la operación Camaleón como una de las “Más exitosas” contra el crimen organizado.

Según el Ministerio Público, la solicitud de medida de coerción cuenta con elementos suficientes para que el tribunal acoja el pedimento del árgano. Esto, en cuanto a la medida de coerción a imponer y la declaratoria de complejidad del proceso.

Los representantes del Ministerio Público revelaron que cuentan con el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Asimismo, cuenta con el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix. Supuestamente utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Así como, con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica en el mes de agosto, temas que son objetos de la imputación.