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Condenan a cuatro hombres por estafar fondos de asistencia social durante la pandemia

Los sentenciados recibieron penas de hasta 10 años de prisión y deberán pagar más de RD$5 millones en indemnizaciones por el fraude al programa Quédate en Casa.

Cuatro hombres fueron condenados a penas de entre cinco y 10 años de prisión por integrar una red que estafó al Estado dominicano con fondos destinados a familias vulnerables durante la pandemia de la Covid-19.

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana acogió la acusación del Ministerio Público por el fraude al programa de asistencia social Quédate en Casa.

La sentencia también establece indemnizaciones por más de RD$5 millones a favor de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), actualmente Dirección de Desarrollo Social Supérate, además de multas a favor del Estado.

Las condenas y las indemnizaciones

El tribunal impuso las siguientes penas y sanciones:

  • Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo: 10 años de prisión, una indemnización de RD$2 millones a la ADESS y una multa de 500 salarios mínimos del sector público.
  • Ambriori Encarnación Ubrí: siete años de prisión, una indemnización de RD$1 millón y una multa de 250 salarios mínimos.
  • Héctor Leury Ortiz de la Rosa: siete años de prisión, una indemnización de RD$1 millón y una multa de 250 salarios mínimos.
  • Rikelvin Alcántara Reyes: cinco años de prisión, una indemnización de RD$1 millón y una multa de 100 salarios mínimos.

Además, el tribunal ordenó decomisar a favor del Estado cerca de un millón de pesos ocupados a Villegas Aquino.

Los condenados cumplirán sus penas en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, según lo establecido en la sentencia.

Así operaba la red de fraude

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la estructura utilizaba datos personales y códigos de beneficiarios de programas sociales para realizar transacciones fraudulentas.

Las operaciones se ejecutaban mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, vinculados a establecimientos comerciales.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon:

  • Equipos electrónicos y dispositivos para procesar pagos.
  • Memorias digitales y documentos.
  • Dinero en efectivo.

El Ministerio Público indicó que estas evidencias, junto con los análisis forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), fueron presentadas durante el proceso judicial.

La acusación también estableció que los «recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas» se utilizaban para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales con el propósito de aparentar un origen lícito.

El caso corresponde al programa Quédate en Casa, implementado durante la pandemia para garantizar asistencia económica y alimentación a familias vulnerables.

Ministerio Público apelará absoluciones

El órgano persecutor anunció que apelará las decisiones absolutorias a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández.

El Ministerio Público considera que existen fundamentos para solicitar la revisión de esas decisiones ante una instancia superior.

Durante el proceso, la institución había solicitado 20 años de prisión para Villegas Aquino y Encarnación Ubrí. Para Ortiz de la Rosa y Alcántara Reyes pidió 15 años.

También solicitó penas de 10 años para Alcántara Matos, Mendieta Ogando y Bidó Nova, así como cinco años para Polanco Fernández.

La acusación incluyó cargos de estafa agravada, estafa electrónica, asociación de malhechores y lavado de activos, conforme al Código Penal y las leyes 53-07 y 155-17.

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