Las autoridades gubernamentales y el sector privado necesitan fijar un marco operativo que les ayude a tomar decisiones óptimas.
El primer paso es definir los objetivos en el mediano y largo plazo de nuestra sociedad. En ese contexto se puede señalar que se requiere aumentar el empleo, elevar el ingreso promedio, incrementar la productividad laboral y del capital y disminuir la desigualdad de los ingresos.
Dado ese conjunto de objetivos se debe establecer un contrato social que elimine la rigidez de las leyes. Ese contrato debe ser flexible y fundamentarse en la razón. De esa manera, los acuerdos entre los trabajadores, empleadores y gobierno se adaptarían a las circunstancias del momento. Un mercado laboral con alto o bajo desempleo son dos escenarios que ameritan decisiones distintas, las cuales –lamentablemente- en la actualidad no se pueden tomar debido a las rigideces establecidas en el Código Laboral.
Los diseñadores de políticas económicas y los agentes privados deberían adoptar todas sus decisiones en función de los objetivos, usando la metodología de maximización intertemporal. Esto significa que cuando vayan a tomar una decisión se deben preguntar: ¿Ayuda esto a alcanzar mis objetivos? ¿Este es el momento oportuno para seleccionar esa alternativa?
Si así lo hacen pronto nos colocaremos, como sociedad, sobre una trayectoria óptima hacia el desarrollo económico y social. La ventaja es que esto transformaría a los políticos en estadistas, con una visión de largo plazo muy superior a la definida por sus cuatro años de gobierno.