El ministro de Hacienda, Magín Díaz, propone que se incremente de 0.15% a un 0.20% el impuesto sobre los cheques y transferencias bancarias. Ese tipo de tributo se utiliza cuando existe una crisis fiscal y se han agotado las opciones para aumentar las recaudaciones.
Es un impuesto de amplia base y de fácil administración, ya que los bancos retienen y envían los recursos periódicamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sin embargo, al recaer en las diferentes etapas de la producción y la adquisición de bienes, servicios y activos pagados a través de cheques y transferencias, constituye un impuesto en cascada y, por tanto, distorsionador.
Las autoridades deben considerar que, cuanto más elevada sea la tasa del impuesto, mayor será el incentivo para eludirlo o evadirlo, lo que podría reducir la capacidad recaudatoria. Algunos recurren a transacciones en efectivo o, con el apoyo de los bancos, crean cuentas para realizar operaciones cambiarias sin pagar el impuesto. Para evitar que se encarezcan las operaciones de compra y venta de títulos financieros, se abren cuentas de inversión cuyos movimientos internos están exentos del gravamen. Todo ello revela que los grandes contribuyentes disponen de más instrumentos para eludir el impuesto, circunstancia que acentúa su regresividad.
Debido a su carácter no neutral y regresivo, junto con la erosión recaudatoria a lo largo del tiempo, se recomienda que el impuesto a los cheques y transferencias bancarias se utilice solo en situaciones fiscales extremas y por un plazo corto. En un sistema tributario óptimo, dicho gravamen no existiría o tendría una tasa mínima de manera que opere como una fuente de información que contribuya a reducir la evasión de otros impuestos.
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