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Ante la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegales los aranceles recíprocos establecidos el 2 de abril del año pasado, Trump no se ha quedado de brazos cruzados.
El pasado viernes, tan pronto se conoció el dictamen judicial, anunció que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer, con efectividad inmediata y hasta por 150 días, un arancel global del 10% (que el sábado elevó al 15% para igualarlo a lo acordado con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea). Ese nuevo gravamen sustituiría temporalmente los aranceles recíprocos declarados ilegales por la justicia estadounidense.
Trump manifestó que, una vez vencido el período de aplicación del arancel transitorio del 15%, recurrirá a la Sección 301 de la misma ley para adoptar medidas arancelarias de mayor permanencia, sujetas a investigaciones individualizadas para determinar la existencia de prácticas de comercio desleal.
Ese tipo de propuesta comercial significa que la incertidumbre de la política arancelaria se prolongará en los próximos meses, lo que podría frenar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en sus socios comerciales. Ello implica una situación complicada para la República Dominicana, dada la importancia del comercio bilateral con la principal economía del planeta.
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