El Gobierno destinó RD$1,516.5 millones solo para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, en medio de las alzas internacionales del petróleo y sus derivados.
Mantener congelados los precios de varios combustibles en República Dominicana ha requerido una inversión estatal superior a los RD$43,300 millones en lo que va de 2026, según cifras oficiales. La medida busca reducir el impacto de los aumentos internacionales sobre los consumidores y los sectores productivos, pero también representa una carga importante para las finanzas públicas.
Solo durante la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, el Gobierno destinó RD$1,516.5 millones para evitar que las variaciones del mercado internacional se trasladaran por completo a los precios locales.
¿Cuánto costarían los combustibles sin subsidios?
El gasoil regular, utilizado principalmente en el transporte y distintas actividades productivas, recibe un subsidio de RD$112.90 por galón. Sin ese aporte, su precio pasaría de RD$270.80 a RD$383.70.
En el caso del gas licuado de petróleo (GLP), empleado ampliamente para cocinar, el Estado aporta RD$61.26 por galón, lo que permite mantener su precio en RD$135.20, frente a los RD$196.46 que costaría sin esa ayuda.
El gasoil óptimo, por su parte, recibe un subsidio de RD$105.37 por galón.
La presión de los precios internacionales
La necesidad de mantener estos subsidios está vinculada a las variaciones del mercado internacional.
De acuerdo con los datos suministrados, entre el 27 de febrero y el 2 de noviembre, el precio de referencia del gasoil óptimo aumentó cerca de un 79 %, al pasar de US$104 a US$186 por barril.
Esta situación tiene un impacto directo sobre República Dominicana, que importa como productos terminados más del 80 % del gasoil, la gasolina y el GLP que consume.
El desafío para las finanzas públicas
Aunque los subsidios permiten amortiguar el impacto inmediato de los aumentos sobre consumidores y empresas, su mantenimiento exige una asignación considerable de recursos del presupuesto nacional.
El desafío para las autoridades consiste en sostener la protección frente a las fluctuaciones internacionales sin limitar los fondos disponibles para otras áreas prioritarias, como salud, educación e infraestructura.
El gasto acumulado en 2026 vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la sostenibilidad de los subsidios. También las alternativas para reducir la vulnerabilidad del país frente a los precios internacionales de los combustibles.