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Las remesas y las exportaciones de zonas francas se encuentran entre las principales fuentes de divisas de la República Dominicana. Por eso, las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos, una por el lado del comercio y la otra por el de los flujos migratorios, afectarán negativamente la capacidad de mantener la estabilidad macroeconómica.
Además del arancel de un 12.5% sobre las exportaciones, el Departamento de Estado anunció que la República Dominicana sería la primera nación del mundo seleccionada para un programa piloto que exige una fianza económica al solicitante de visa de residencia cuando un cónsul lo considere una potencial «carga pública». El monto se ha estimado entre 100 mil y 250 mil dólares. La decisión resulta muy perjudicial para un país cuya principal fuente de divisas son las remesas familiares.
Respecto al nuevo impuesto a las exportaciones dominicanas, cabe destacar que el comercio bilateral, enmarcado en el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, genera un superávit por encima de los cinco mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, lo que equivale a afirmar que la economía dominicana es la que debería proteger su mercado y no al revés. Este dato desmonta el argumento que habitualmente se invoca para legitimar aranceles (la necesidad de corregir desequilibrios comerciales perjudiciales para Estados Unidos), pues, en el caso dominicano, el desequilibrio favorece a Washington.
Por todo ello, resulta difícil de entender que un país que ha sido un socio confiable, y que ha respaldado a Estados Unidos en numerosas ocasiones, reciba un trato tan injusto. La Casa Blanca tiene la oportunidad (y, a la luz del historial dominicano, también razones suficientes) de revisar esas decisiones sin que ello suponga ceder en sus objetivos legítimos. Hacerlo sería un gesto coherente con la relación de confianza y colaboración que ambos países han ido construyendo durante más de cien años.
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