Santo Domingo. Las llamadas insistentes a cualquier hora, los mensajes automáticos, el contacto con familiares o compañeros de trabajo y otras prácticas utilizadas para reclamar deudas podrían comenzar a reducirse en la República Dominicana tras el acuerdo firmado entre el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD).
El convenio busca establecer reglas claras para que las empresas de cobros realicen sus gestiones dentro del marco legal, respetando la dignidad de los consumidores y evitando que personas ajenas a una deuda sean involucradas en los procesos de cobranza.
Llamadas de cobro: no pueden convertirse en acoso
Uno de los principales compromisos asumidos por las empresas agrupadas en COB-RD es poner fin a las llamadas constantes y repetitivas que durante años han sido una de las principales quejas de los consumidores.
Aunque la legislación dominicana no establece un horario específico para las llamadas de cobro, el acuerdo promueve que estas se realicen de manera razonable, evitando la insistencia excesiva. También cualquier conducta que pueda interpretarse como hostigamiento.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que el objetivo es permitir que los acreedores reclamen sus créditos, pero sin vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Mensajes automáticos e inteligencia artificial deberán respetar la ley
El acuerdo también alcanza las nuevas tecnologías utilizadas por las empresas de cobranza.
Las notificaciones enviadas mediante WhatsApp, mensajes de texto, correo electrónico, llamadas automatizadas o sistemas de inteligencia artificial deberán cumplir con las normas de protección al consumidor. También las disposiciones establecidas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).
Además, estas herramientas deberán facilitar canales de comunicación para que el deudor pueda explicar su situación financiera. También para negociar alternativas de pago y recibir información clara sobre su deuda.
No podrán contactar a personas que no tienen la deuda
Uno de los cambios más importantes del convenio establece que las empresas de cobranza dejarán de contactar a familiares. También amigos, vecinos o compañeros de trabajo que no tengan responsabilidad sobre la obligación financiera reclamada.
Esta práctica había generado numerosas denuncias por parte de consumidores que aseguraban recibir llamadas relacionadas con deudas de terceros, afectando su privacidad y reputación.
Con el nuevo acuerdo, las gestiones deberán dirigirse únicamente a la persona responsable de la obligación económica.
Embargos deberán respetar el debido proceso
Otro de los aspectos abordados en el convenio corresponde a los embargos retentivos.
Las partes acordaron que estos procedimientos deberán ejecutarse conforme a las normas procesales vigentes, garantizando el debido proceso.
Asimismo, se estableció como referencia que en un mismo acto no se practiquen más de diez embargos retentivos. Además Pro Consumidor manifestó su preferencia por que estos procedimientos se tramiten de manera individual para cada deudor.
Capacitación y supervisión
Como parte del acuerdo, Pro Consumidor y COB-RD elaborarán manuales de buenas prácticas, protocolos y programas de capacitación para el personal encargado de las cobranzas.
Además, ambas instituciones crearán una Mesa Técnica encargada de supervisar el cumplimiento de los compromisos, proponer mejoras y analizar las reclamaciones que puedan presentar los consumidores.
Una cobranza más humanizada
El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, afirmó que el propósito del convenio es erradicar las prácticas abusivas que durante años han provocado reclamos de los usuarios y avanzar hacia un modelo de cobranza que permita recuperar las deudas sin afectar la dignidad, la privacidad ni los derechos de los consumidores.
Con este acuerdo, las autoridades buscan equilibrar el derecho de los acreedores a recuperar sus créditos con la protección de las personas frente a métodos de cobro considerados excesivos o intimidatorios.
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