La sanción óptima del caso Senasa 2.0 | Jaime Aristy Escuder

Según la acusación, se habrían cobrado a SeNaSa consultas y procedimientos que nunca fueron solicitados ni recibidos por los afiliados. Estamos hablando de recursos que debían financiar atención médica para miles de personas de bajos ingresos. Por eso, el principal objetivo de la justicia debería ser recuperar esos fondos.

Si se demuestra la culpabilidad de los acusados en la Operación Cobra 2.0-A, la pregunta importante no es solo cuántos años de cárcel deberían recibir, sino qué sanción beneficia más a la sociedad dominicana.

Cada peso devuelto puede transformarse en medicamentos, análisis clínicos, estudios diagnósticos, hospitalizaciones o cirugías. Desde esa perspectiva, la restitución total del dinero, acompañada de decomiso de bienes y multas suficientemente elevadas para eliminar cualquier beneficio económico del fraude, podría generar un mayor beneficio social que una respuesta basada exclusivamente en años de cárcel.

También ha de tomarse en cuenta el valor del capital humano. Formar un médico especialista requiere muchos años de estudio y experiencia. Si el daño es esencialmente patrimonial y existen mecanismos eficaces para repararlo, la sociedad debe ponderar cuidadosamente el costo de apartar durante largos períodos a profesionales cuya labor sigue siendo necesaria.

Ello no significa impunidad. La prisión sigue siendo necesaria en los casos más graves, especialmente para quienes organizaron el fraude, abusaron de posiciones de confianza o sean reincidentes.

La gran lección de este caso es que la justicia no debe limitarse a castigar con prisión. Debe recuperar recursos, prevenir nuevas estafas y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La mejor sanción en el caso Senasa es la que produciría el mayor beneficio para la sociedad.