El socio confiable | Jaime Aristy Escuder

En el transcurso de las primeras dos décadas del siglo XX, se crearon las condiciones jurídicas que fortalecieron el régimen de propiedad de la tierra, lo cual favoreció la entrada y protección de la industria azucarera estadounidense ubicada en la zona este del país.

Durante los años ochenta, mientras Centroamérica se desangraba en conflictos internos, la República Dominicana se mantuvo como un remanso de estabilidad institucional en una región convulsionada. Esa solidez resultó determinante para que empresas estadounidenses instalaran zonas francas textiles y de manufactura ligera al amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, promulgada en 1983, aprovechando el acceso preferencial y libre de aranceles al mercado norteamericano en momentos en que otros países de la cuenca resultaban inviables debido al riesgo político y militar.

La extraordinaria alianza entre ambos países se confirmó en 2003, cuando la República Dominicana envió un contingente militar a Irak como parte de la coalición convocada por el gobierno de George W. Bush. La participación dominicana fue modesta en términos numéricos, pero tuvo un peso simbólico considerable, ya que pocos países latinoamericanos respondieron favorablemente al llamado de Washington en un momento de fuerte división internacional sobre la legitimidad de esa invasión.

El respaldo dominicano se ha manifestado, además, de forma sistemática en los foros multilaterales. En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de Estados Americanos (OEA), el país ha votado en momentos clave en sintonía con las posiciones impulsadas por Estados Unidos, ya sea en resoluciones de derechos humanos, condenas a gobiernos autoritarios de la región, iniciativas de seguridad hemisférica o para el fortalecimiento de la lucha contra organizaciones narcoterroristas.