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El contexto político de Estados Unidos explica la tentación de intervenir en el mercado del diésel. Algunos asesores y legisladores han promovido suspender las exportaciones de ese producto durante tres meses. Aunque la decisión no está tomada, el secretario de Energía, Chris Wright, ha señalado que no se considera una prohibición general y que el gobierno estudia acuerdos con las refinerías que limiten sus exportaciones.
La lógica de la propuesta es simple. Si una mayor proporción de la producción estadounidense permanece en el país, aumenta la oferta interna y los precios deberían bajar. Desde el punto de vista electoral, la medida parece atractiva. Desde el económico, por el contrario, presenta serias objeciones.
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Paul Krugman, premio Nobel de Economía, advierte que restringir las exportaciones de diésel no elimina la escasez, sino que la desplaza. El alivio temporal para los consumidores de Texas y de la Costa del Golfo tendría como contrapartida precios más altos en el resto del mundo, incluidas regiones de Estados Unidos que dependen de importaciones para abastecerse. Además, una prohibición repentina transmitiría la señal de que Washington está dispuesto a interrumpir el suministro energético ante presiones políticas internas, lo que debilitaría su reputación como proveedor confiable y erosionaría su influencia estratégica en un momento de creciente rivalidad con China.
La industria estadounidense comparte dicha preocupación. Más de 30 organizaciones empresariales, encabezadas por el American Petroleum Institute y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pidieron al presidente Trump rechazar cualquier restricción a las exportaciones de diésel. Advierten que, sin capacidad de exportar los excedentes, las refinerías tendrían que reducir su producción. Como el diésel, la gasolina y el combustible de aviación se producen de manera conjunta, también disminuiría su oferta y aumentarían sus precios, lo que perjudicaría a los consumidores.
