Comentario Económico: Sobre la crisis en Puerto Rico

La economía puertorriqueña tiene graves problemas estructurales. No es un país y, por lo tanto, no puede recibir financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Tampoco es un Estado de la Unión Americana y, en consecuencia, no puede recibir las ayudas que puede recibir Detroit o California.

La competitividad de Puerto Rico ha estado declinando por años y, dado que no tiene moneda propia, no puede revertir esa situación mediante la depreciación cambiaria. Dos medidas que reducen su competitividad son las siguientes. Puerto Rico debe cumplir con el salario mínimo federal -a pesar de tener un ingreso per cápita menor que el más pobre de los Estados de la Unión- y debe utilizar obligatoriamente los caros servicios de transporte marítimo estadounidense.

Su atractivo como receptor de inversiones americanas se redujo sustancialmente a partir de 1996, cuando se inició la eliminación de los beneficios impositivos que se les otorgaban a las empresas de los Estados Unidos que decidían instalar sus fábricas en territorio puertorriqueño.

Para enfrentar la contracción de la inversión privada, diversos gobiernos aumentaron el déficit público, financiado con bonos exentos de impuestos federales, estatales y locales. Esto promovió el sobreendeudamiento, superando la deuda pública actual los 70 mil millones de dólares.

La acumulación de deuda pública ha agravado sus problemas estructurales. El gobierno ha declarado que no tiene capacidad de honrarla, por lo cual propone una reestructuración que implicaría una pérdida de capital para los acreedores. Esa decisión complicará la situación económica de Puerto Rico, pues ese territorio legalmente no puede acogerse al Capítulo 9 del código de quiebra de los Estados Unidos, elemento indispensable para una reestructuración óptima de su deuda pública.