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El Banco Central de la República Dominicana aclaró informaciones publicadas sobre el proceso judicial relacionado con terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera, al advertir que reflejan una “visión incompleta” de la situación jurídica del caso.
El comunicado se refiere a una sentencia que dispone, en perjuicio de la institución, el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral.
El BCRD explicó que el proceso ha tenido una extensa trayectoria, con decisiones de distintos tribunales, incluido el Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
La institución precisó que la decisión de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional está sujeta a los recursos que establece el ordenamiento jurídico.
Origen del litigio
Según el comunicado, la operación se originó en el pago de acreencias de contratistas del Estado por la ampliación de la Autopista Duarte, a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
A partir de 1999, el Banco Central entregó terrenos de su propiedad en Herrera a contratistas, a título de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano, a requerimiento del Poder Ejecutivo y previa autorización de la Junta Monetaria.
La operación tuvo como base un contrato de permuta entre el Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar, aprobado por el Congreso Nacional, mediante el cual el CEA se comprometió a entregar terrenos en San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, como contraprestación.
Defensa institucional
El Banco Central rechazó cualquier interpretación que presente su actuación como una apropiación ilegal de terrenos o como una conducta dirigida a perjudicar a los contratistas.
La entidad reiteró su respeto a la institucionalidad y al debido proceso, al tiempo que se reservó el ejercicio de los recursos legales correspondientes para defender los intereses del Estado dominicano y de la institución.
El BCRD afirmó que continuará aportando ante las instancias correspondientes los elementos documentales y jurídicos que sustentan su actuación.
