Santo Domingo, R.D. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reconoció las mejoras introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de modificación de la Ley de Residuos Sólidos, el cual fue aprobado en única lectura por el Senado y enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La AIRD explicó que, desde enero, se ha mantenido en defensa pública activa debido al impacto transversal que esta reforma representa para el sector industrial. Subrayó que el proyecto original del Senado aprobado sin consultas previas ni consenso con actores del empresariado ni con instituciones gubernamentales clave.
Entre los cambios positivos, la AIRD destaca la eliminación del uso obligatorio de porcentajes de resina reciclada, la supresión del requerimiento de tapas de polipropileno. Y la exclusión de obligaciones técnicas para cementeras sin respaldo en estudios técnicos.
Asimismo, valoraron la reincorporación del criterio de distancia mínima de rellenos sanitarios respecto a zonas pobladas. Y la restitución de la participación de ECORED y el Ministerio de Hacienda en el Consejo del Fideicomiso DO Sostenible.
Contradice principios técnicos internacionales
No obstante, la organización expresó preocupación por artículos que contradicen principios técnicos internacionales, como el de jerarquía de residuos y separación en la fuente. Así como por el diseño de contribuciones especiales que consideran desproporcionadas.
Según el comunicado, con la reforma se proyectan ingresos anuales de hasta RD$8 mil millones al Fideicomiso DO Sostenible, más un porcentaje creciente del presupuesto nacional que alcanzará el 1% en 2030. A eso se sumaría una tarifa mensual de RD$20 por habitante, destinada a los municipios para la gestión de residuos. Indican que esto podría limitar la maniobrabilidad financiera del fideicomiso frente a futuros compromisos como la entrada del vertedero de Duquesa.
La AIRD concluyó reiterando su disposición a seguir participando activamente en el proceso de reglamentación de la ley y velando por una representación técnica y legal en el Consejo del Fideicomiso.
