Según el OIJ, funcionarios públicos del Conavi recibían sobornos y favores constantes, que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales.
San José.- La Fiscalía de Costa Rica informó este viernes que solicitó un año de prisión preventiva contra 14 personas, entre sospechosos de conformar una red de corrupción para la adjudicación de contratos de obra pública vial.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó al Juzgado Penal de Hacienda, en San José, un año de prisión preventiva contra 14 sospechosos, así como otras medidas no privativas de libertad contra los restantes 16 detenidos por este asunto que ha sido nombrado por las autoridades judiciales como «Caso Cochinilla».
La solicitud de prisión preventiva incluye a poderosos empresarios como Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más poderosas en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís.
Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años.
También solicitaron prisión preventiva para el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas.
La Fiscalía también pidió prisión preventiva para funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), órgano encargado de adjudicar obras y que forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Entre estas personas están la directora de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola, y otros funcionarios de apellidos Mora Obando, Carmona Rivas, y Fallas Zúñiga, así como para el exgerente financiero de la entidad Carlos Solís Murillo.
«La petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva», explicó la Fiscalía en un comunicado.
La audiencia de medidas cautelares comenzó el pasado martes y aún sigue, pues la cantidad de delitos y de personas involucradas ha hecho que el asunto se extienda por varios días. Las personas sospechosas permanecen detenidas.
El pasado lunes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
Las empresas investigadas son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales.
También figura como investigado el asesor presidencial en infraestructura Camilo Saldarriaga, quien no fue detenido pero cuya casa y oficina en la Casa Presidencial fueron allanadas el pasado lunes.
La Fiscalía describe el caso como «un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública».
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.
El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Conavi hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas. El OIJ afirma que el caso involucra cerca de 120 millones de dólares.
Según el OIJ, funcionarios públicos del Conavi recibían sobornos y favores constantes, que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales.
El Gobierno ha prometido la máxima colaboración en el caso y el presidente Carlos Alvarado ordenó la intervención del Conavi.
Fuente: EFE
