Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este miércoles presuntos nuevos casos de corrupción en la compra oficial de materiales y equipo como siete hospitales para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en Honduras, lo que ha venido rechazando uno de los principales implicados.
En un informe de la ASJ, presentado por su director ejecutivo, Carlos Hernández, se subrayó que a casi cien días de que el Parlamento autorizó a Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H) realizar los procesos de obras, bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, las adquisiciones no han cumplido su objetivo en favor de la salud de la población hondureña.
COMPRAS IRREGULARES
Se trata de una auditoría de ASJ, capítulo de Transparencia Internacional, hecha a la compra de 290 ventiladores mecánicos pulmonares, más de 2,3 millones de productos de bioseguridad y siete hospitales móviles, en la que no ha habido suficiente transparencia.
«Los análisis concluyen que INVEST-H -cuyo director ejecutivo es Marco Bográn- no ha desempeñado adecuadamente su función de manejar transparente y efectivamente la responsabilidad de usar los más de 80 millones de dólares invertidos en responder a la pandemia de la COVID-19, y el resultado es que podría poner en riesgo la vida de millones de hondureños», señaló la ASJ.
Entre las deficiencias identificadas en las adquisiciones figuran «la falta de planificación de las compras, millonarios pagos anticipados sin garantías e inexistencia de penalidades por entregas tardías», lo que el titular de INVEST-H ha justificado por «la situación de emergencia que atraviesa el país».
La ASJ recalcó que la decisión del Gobierno, de designar a INVEST-H para liderar los procesos de compra, respondió a su experiencia y conocimiento, con el objetivo de hacer frente a la pandemia con los productos que más necesitaba la población en el menor tiempo posible y al mejor precio; sin embargo, los resultados de las auditorías demuestran lo contrario.
«Tres meses después, el pueblo hondureño todavía no ha recibido el beneficio de ninguna de cuatro de las cinco compras debido a la tardanza de los proveedores, la falta de equipo complementario necesario y la falta de personas capacitadas en el uso de las pruebas y ventiladores», añade el informe.
En ese sentido, destaca que «dedicar uno o dos días para validar con expertos de cada área estos procesos de compra, se hubiera traducido en la oportunidad de salvar muchas más vidas».
Otras instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción y el Colegio Médico Hondureño, también han venido denunciando supuestas irregularidades en las compras hechas por INVEST-H, en las que aseguran que ha habido corrupción.
FALTA DE PLANIFICACIÓN Y SOBREVALORACIÓN
Según ASJ, en las compras hechas por INVEST-H ha habido «falta de planificación, incumplimiento en entregas y hasta sobrevaloración».
La organización indicó que al efectuar compras sin consultas, ni análisis previos, el Gobierno de Honduras, a través de INVEST-H, adquirió al menos 869 ventiladores mecánicos pulmonares y, con la donación esperada de otros 600 más por parte de Estados Unidos, existe el riesgo de que los aparatos «queden embodegados por falta de planificación y coordinación».
En el caso de 250.000 kits de pruebas para la detección de la COVID-19, INVEST-H no consultó con expertos para asegurar que el sistema de salud hondureño contara con los complementos necesarios para su uso.
«En consecuencia, no fueron adquiridos los kits de extracción ni los materiales de laboratorio, mientras el personal de la Secretaría de Salud desconocía cómo usarlos, por lo que los kits de pruebas permanecieron almacenados algún tiempo, sin poder ser utilizados para la atención de los ciudadanos», revela el informe.
Otra irregularidad, según la ASJ, es que «para los insumos de bioseguridad, INVEST-H emitió tres de las cinco órdenes de compra el mismo día en el que recibió la solicitud y cotizaciones por parte de la Secretaría de Salud, y las otras dos, un día después, bajo la promesa de entrega inmediata o un máximo de diez días por parte de las empresas proveedoras».
Al final, tres de las cinco empresas incumplieron las fechas de entrega y sus contratos fueron cancelados; una se retiró por las denuncias públicas contra estas compras y, la quinta, fraccionó las entregas en ocho, con un retraso de entre tres y 52 días, dejando sin protección al personal de la salud que enfrenta la pandemia en los centros asistenciales.
«Además, entre las cinco empresas contratadas, una se dedica a las telecomunicaciones y seguridad, no al rubro de la salud», agrega la denuncia de la ASJ, que además resalta que la compra más preocupante es la de siete hospitales móviles, de los que dos, según Bográn, estarían llegando en julio.
Fuente: EFE
