La difusión de mensajes de odio se castiga hasta con 20 años de cárcel, multas a empresas y clausura de medios de comunicación
Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) censuró en Venezuela las recurrentes acusaciones de «incitación al odio» para criminalizar y coartar la opinión contraria a la oficialista, «instrumento predilecto del régimen de Nicolás Maduro para amordazar a la prensa y a los periodistas».
El delito de instigación al odio, figura utilizada con frecuencia contra periodistas en Venezuela, está contemplado en la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», promulgada en 2017. La difusión de mensajes de odio se castiga hasta con 20 años de cárcel, multas a empresas y clausura de medios de comunicación, entre otras sanciones.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, coincidieron en que «esta es una muestra adicional del asedio del régimen contra los periodistas y la prensa, disfrazando la censura y la criminalización de la crítica con una legalidad incongruente a los principios internacionales que garantizan de libertad de expresión en sociedades democráticas».
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, condenaron las frecuentes detenciones arbitrarias contra periodistas durante la cobertura noticiosa, y las acusaciones de «incitación al odio que el poder político imputa a sus críticos a través de una justicia que carece de independencia y no respeta el debido proceso». Agregaron que en Venezuela se usa la ley como un «instrumento predilecto del régimen de Nicolás Maduro para amordazar a la prensa y a los periodistas».
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Entre los incidentes más recientes, el 15 de julio el periodista Otilio Rodríguez fue detenido durante más de 20 horas en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por informar sobre la presunta participación de miembros de la GNB en la venta ilegal de gasolina. Fue imputado por «instigación al odio». Rodríguez trabaja en la radio Pura Candela 93.3 FM y dirige los portales Carupanero.com y Somos Noticia.
Ese mismo día agentes de la GNB detuvieron y despojaron de sus credenciales de prensa al reportero gráfico Gleybert Ascencio y los conductores Ronald Montaño y Yonathan Torres, del periódico Crónica Uno. Fueron liberados dos horas más tarde.
El 13 de julio fue detenido Nícmer Evans, director del portal Punto de Corte, se le acusa por «instigación al odio». Su vivienda fue allanada, requisaron equipos electrónicos y la cuenta de Twitter del medio digital fue intervenida. El 17 de julio el tribunal ratificó la privación preventiva de libertad contra Evans.
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Los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y Marco Antoima, también fueron imputados por instigación al odio. Están acusados por el presunto manejo de cuentas anónimas en las redes sociales. Arriaga fue detenida el 18 de junio y Antoima el 20 de junio. Esta semana se les concedió arresto domiciliario, se les prohibió la salida del país y la publicación de otros mensajes que «inciten al odio».
El 21 de marzo fue detenido el periodista Darvinson Rojas. Permaneció encarcelado durante 12 días, acusado de «instigación al odio» luego de publicar en Twitter estadísticas sobre el Covid-19 en el país.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami.
Fuente: Sociedad interamericana de prensa.
