Otro gran punto importante a señalar es que no hay campañas de prevención ni información que se encuentre en las lenguas de los pueblos originarios
La seguridad sanitaria que marca la sana distancia de frente a la pandemia del coronavirus es una realidad lejana para las comunidades indígenas, medidas de las que solamente el propio gobierno comunitario se ha preocupado por conocerlas al reconocer el peligro que representa para los integrantes más vulnerables de sus grupos como los son niños y adultos de la tercera edad.
Servicios de salud, medicamentos y medidas de seguridad salubre son los grandes faltantes en más de las 600 comunidades que están en el proceso de lucha del reconocimiento de sus derechos de la libre determinación como pueblos originarios de Chilón. Igualmente, a través del video de Youtube, la Consejera del gobierno local, apunta que de no ser atendidos, morirán en silencio.
Migrantes que solían trabajar en zonas turísticas como Playa del Carmen o zonas agrícolas como Sonora, al regresar a sus comunidades de origen, pasan por las comunidades chiapanecas. Mientras la población local que trabaja en el campo y sale a vender en los mercados de la zona. Todos son considerados como riesgos ante la pandemia, en los que las comunidades lidian lo mejor que pueden con los recursos que tienen.
Los mismos grupos locales se han organizado para entregar termómetros y formar pequeñas brigadas de monitoreo entre sus paisanos, ayuda humilde entre la que se encuentran medicamentos como el paracetamol, que por supuesto es señalado por parte de las comunidades como insumos insuficientes para la gente, quienes a su vez, toman sus propias medidas de seguridad con sus medicinas herbolarias.
Falta de acción de trabajadores de salud tanto locales como federales se ha visto entre dichas comunidades, situación que la población de la zona califica de apariencia cuando reportan el estado en el que se encuentran grupos como ellos, que en realidad han sido abandonados a su suerte.
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Otro gran punto importante a señalar es que no hay campañas de prevención ni información que se encuentre en las lenguas de los pueblos originarios, a fin de que sepan cómo atenderse y evitar los contagios por coronavirus en las 600 comunidades de la etnia Tseltal.
El impacto del virus en la zona se hizo evidente con la muerte de una de las 33 personas que han adquirido el COVID-19, un migrante que estuvo trabajando en Tijuana. Baja California, quien a finales de marzo regresó a su pueblo de origen en el municipio de La Independencia y murió el pasado 6 de abril.
Ante tal situación las mismas comunidades han planteado la posibilidad de aislar a los migrantes que estén de vuelta y, en situaciones extremas, el no permitirles regresar, hecho que Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) han confirmado como una realidad a la que se están enfrentando los indígenas migrantes que quieren volver a sus casas. Este grupo no cuenta con monitoreo ni con ningún tipo de cuidado o lugar de regreso, por lo que si enferman no cuentan con los medios necesarios para salir adelante.
El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), es decir, parte del pueblo local organizado, presentó un amparo frente a la justicia federal, del que hasta el momento se sabe que se giró una orden a las autoridades estatales y sanitarias de Chiapas para que atiendan a la población demandante de quienes son responsables. Ello, a través de la jueza Julissa González Rojas, quien ordenó que la información sea provista en las lenguas maternas de los pueblos, tsotsil, tseltal, chol y zoque.
Fuente. Infobae
