La credibilidad de la dirigencia del fútbol sudamericano quedó por el piso cuando el Departamento de Justicia reveló la madrugada del miércoles que muchos de los dirigentes implicados en una investigación sobre corrupción en la FIFA hacían parte de la Conmebol.
Las escandalosas acusaciones que incluyen millonarios sobornos por la cesión de derechos desataron un efecto dominó en la región, desde las federaciones que defienden sus gestiones y anuncian auditorías, hasta gobiernos que durante años se hicieron de la vista larga y ahora anuncian investigaciones a jerarcas y empresarios del fútbol.
Aun así, persisten dudas sobre si estos anuncios van a producir cambios inmediatos en la gerencia del deporte rey en Sudamérica, donde al mando siguen muchos de los líderes directamente mencionados en las indagaciones y que se declararon enfermos o iniciaron batallas legales que podrían durar meses para evitar sus extradiciones a Estados Unidos.
«Se trata de un deporte que ha tenido malversaciones durante mucho tiempo, y en las que hay muchos involucrados», dijo Christopher Gaffney, autor del libro «Temples of the Earthbound Gods» (Templos de los Dioses Terrestres). «Cuando empiecen a tirar de los hilos, todo podría venirse abajo».
Uno de los doce entramados de corrupción que investiga un grupo de fiscales estadounidenses implica a una empresa llamada Datisa que en 2013 acordó pagar sobornos por 110 millones de dólares a la plana mayor de la Conmebol y a los presidentes de las 10 federaciones sudamericanas de fútbol para adquirir los derechos televisivos y mercadeo de la Copa América.
Finalmente, según la investigación, sólo se entregaron 40 millones, y la acusación no aclara si todos los presidentes recibieron el dinero o sabían de ese pacto ilegal.
El presidente del fútbol de Chile, Sergio Jadue, admitió que la federación chilena recibió dinero en 2013 relacionado con la Copa América, pero aseguró que todo fue legal.
«En diciembre de 2013 recibimos por concepto de anticipo de contrato de Copa América un millón y medio de dólares», dijo Jadue al diario chileno La Tercera desde Zúrich, donde estaba para participar en el congreso de la FIFA. «Fue recibido desde la Conmebol y pedimos que se depositara directamente a la cuenta de la federación».
Esa cifra coincide con la cantidad que, según la pesquisa estadounidense, Datisa habría acordado pagar a cada líder de las 10 federaciones como soborno por los contratos de la Copa América.
La federación boliviana también confirmó que recibió 1,5 millones de dólares ese año, pero su secretario general Alberto Tico Lozada declaró que el dinero «no entró como soborno».
La investigación destaca que los dirigentes que pidieron o recibirían los sobornos de parte de Datisa eran el uruguayo Eugenio Figueredo, el venezolano Rafael Esquivel, el paraguayo Nicolás Leoz y el brasileño José Maria Marin. Figueredo, Esquivel y Marin fueron arrestados el miércoles en Zúrich y fueron suspendidos por la FIFA. Las autoridades estadounidenses pidieron la extradición de Leoz, ex mandamás de la Conmebol que vive en Paraguay y que, tan pronto se anunció el caso, fue internado en un hospital de su propiedad por hipertensión.
«Siempre que se destapa una olla, más allá de la conmoción inicial, para el futuro es algo positivo», dijo Mariano Berges, un ex juez que ayudó a fundar el grupo «Salvemos al Fútbol» en Buenos Aires.
El líder del fútbol uruguayo entre 2009 y marzo pasado, Sebastián Bauzá, dijo que no recibió «ni directa ni indirectamente suma alguna o bienes de cualquier naturaleza provenientes de alguna empresa o persona, para lograr favores o contratos o como consecuencia de la firma de los mismos».
La federación peruana anunció que empezó una auditoría a Manuel Burga, ex presidente del organismo durante el período de la pesquisa.
«Si es culpable, tendrá que pagar», dijo el sucesor de Burga, Edwin Oviedo, al diario Depor. «Todo lo que se hace mal, se paga en esta vida».
Y la Asociación del Fútbol Argentino indicó que «tanto los ingresos contractuales como los adicionales por la participación de AFA en las Copas América», se encuentran asentados y debidamente justificados en los estados contables de esa asociación.
«AFA continuará adoptando las medidas necesarias y conducentes para el total esclarecimiento de las denuncias efectuadas, haciendo conocer que estará a disposición de las autoridades judiciales que lo requieran», señaló la entidad.
El presidente de la AFA en 2013 era Julio Grondona, fallecido el año pasado. En la acusación estadounidense se menciona que el presidente de la Conmebol, en ese entonces Leoz, además de los líderes de las federaciones de Brasil y Argentina, Marin y Grondona, habrían recibido pagos mayores que el resto de los presidentes de federaciones.
Hasta su muerte en julio, Grondona era la mano derecha del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y su deceso fue un duro golpe para las influencias de Sudamérica en la FIFA. La región rompió con una larga tradición de respaldar en bloque a Blatter en las elecciones del viernes, y al menos Argentina, Chile y Uruguay votaron por el contrincante del dirigente suizo, príncipe Alí bin al-Hussein. Blatter fue relegido a un quinto período al mando.
«Ocurrió algo que para nosotros sigue siendo un shock. Cada uno tenemos que poner la cara en sus lugares», dijo tras la votación en Suiza el presidente de la Conmebol, Juan Angel Napout, quiene reemplazó a Figueredo en el cargo. «Son circunstancias excepcionales».
Resta por ver si esa postura, y la caída en desgracia de Leoz y su sucesor Figueredo, ambos de la vieja guardia del fútbol y con sólidos lazos con Blatter, debilitan la posición de la región en las esferas de poder. Por ahora no asoman líderes jóvenes en la región libres de toda sospecha, ni con el peso internacional de esos jerarcas.
Mientras, las autoridades en varios países sudamericanos se hicieron eco de la pesquisa estadounidense y empezaron a investigar por su cuenta los negocios de los dirigentes y empresarios involucrados en el fútbol, un deporte que por décadas ha estado salpicado por denuncias de corrupción en Latinoamérica, incluyendo el mandato de 24 años del brasileño Joao Havelange como presidente de la FIFA hasta 1998, cuando fue sucedido por Blatter.
En Buenos Aires, el juez Marcelo Martinez de Giorgi ordenó la detención de los tres empresarios argentinos de marketing deportivo y televisión implicados en el escándalo, tras un pedido de extradición por parte de la justicia estadounidense. Alejandro Burzaco, presidente de Torneos y Competencias S.A, y Mariano y Hugo Jinkis, dueños de Full Play, están acusados en Estados Unidos por sobornos, lavado de dinero y crimen organizado.
El fisco argentino dijo que los denunció a todos por «evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero». Los Jinkins siguen prófugos, mientras que se desconoce el paradero de Burzaco.
La fiscalía colombiana pidió a las autoridades estadounidenses y suizas información respecto de que si en las pesquisas por corrupción «figuran ciudadanos colombianos». Luis Bedoya, hombre fuerte del fútbol colombiano y vicepresidente Conmebol, no está mencionado por nombre en la investigación estadounidense.
En Brasil, las autoridades allanaron el miércoles las oficinas de una compañía de mercadeo deportivo en Río de Janeiro ligada a la conspiración.
Uno de los socios de la empresa, Kleber Leite, confirmó que el allanamiento está relacionado al caso de corrupción de la FIFA. El empresario dijo que la búsqueda tiene que ver con un contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol para obtener los derechos de la Copa de Brasil que firmaron junto con una de las compañías investigadas por las autoridades estadounidenses, Traffic Sports.
El dueño de Traffic Sports, el brasileño José Hawilla, ya se declaró culpable en el entramado y acordó entregar más de 151 millones de dólares.
