Confirman suspensión de Venezuela del Mercosur

En el día de la fecha, los Cancilleres de los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción, Susana Malcorra, de la República Argentina; José Serra, de la República Federativa del Brasil; Eladio Loizaga, de la República del Paraguay; y Rodolfo Nin Novoa, de la República Oriental Uruguay, integrantes del Consejo Mercado Común del MERCOSUR (CMC) notificaron a la Ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR de la República Bolivariana de Venezuela .

Dicha medida fue adoptada dando cumplimiento a lo dispuesto en la “Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del MERCOSUR y al Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR” suscrita por los Cancilleres de los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción el 13 de setiembre de 2016, que disponía que en la fecha 1 de diciembre de 2016 se verificaría el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela en su Protocolo de Adhesión al MERCOSUR.

En este sentido, cumplido el plazo fijado en la citada Declaración se ha constado, por una parte, la persistencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela en el citado Protocolo de Adhesión y, por la otra, el Gobierno venezolano en diversas comunicaciones expresó la imposibilidad de incorporar normas específicas del MERCOSUR a su Ordenamiento Jurídico Nacional.

Por cuanto antecede, fundado en lo que dispone, en esta materia, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tanto en carácter de principio general del derecho como en su condición de norma consuetudinaria, se ha decidido el cese del ejercicio del derecho de Estado Parte ya citado.

La decisión de cese de los derechos como Estado Parte entra en vigor a partir del día de la fecha y hasta que los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción convengan con la República Bolivariana de Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de los derechos como Estado Parte.